La polémica que concentró la sesión extraordinaria de ayer en el Concejo Deliberante estuvo dada por el anexo presupuestario destinado a atender las causas y reclamos judiciales, que creció más de un 300% entre el actual ejercicio y en la previsión para el próximo. “Industria del juicio” e “inoperancia de los abogados municipales” fueron los conceptos que más sobrevolaron el recinto. La partida creció un 381% en 12 meses. acusan de negligencia a los abogados municipales, “que cobran aunque pierdan”.
Según informó diario El Patagónico, Gustavo Reyes (FpV) fue el primer concejal en llamar la atención respecto del anexo IX del presupuesto 2012, que prevé una partida de $10.874.072 para atender los reclamos judiciales.
Según expuso, mientras tal rubro representó en la cuenta presupuestaria de 2010 un total de 3,2 millones, este año disminuyó un 30% bajando a $2.261.000, aunque trepará a casi $11 millones el próximo ejercicio. “Hubo un 381% de incremento entre este año y el próximo ejercicio, con lo cual la partida no bajó, se agachó para tomar impulso”, ironizó.
El edil reprochó que se solicitara información pertinente al asesor letrado, Gustavo Chocobar, aunque este sólo efectuó un relato somero sin datos concretos respecto de las causas, más allá de los autos y sus montos. Expuso que se pidió la información por escrito y que los datos obtenidos fueron los mismos, sin mayores precisiones.
“Sólo dijo que son 16 causas, su título y el monto”, alegó Reyes y agregó que la comisión parlamentaria volvió a pedir información detallada respecto de la instancia de cada causa y que en aquellos casos que hay sentencia firme, se remita la copia de la resolución judicial. Sobre el monto total que la comuna deberá afrontar por causas judiciales, el edil expuso que el asesor letrado informó que sólo podrían salvarse $800.000, “a pesar de todos los abogados que tiene el municipio”, cuestionó.
“Esto es lo que se denomina la industria del juicio contra el Estado. Hay causas que vienen desde el 92, hay abogados que se deben haber quedado dormidos”, reclamó en el recinto. Señaló que eso se conocerá en detalle cuando se cuente con la información solicitada.
Reyes expuso que algunas de las causas por las que la comuna deberá erogar varios millones resultan absurdas, con lo cual resulta obvia la deducción de “inoperancia” de los abogados intervinientes por la comuna. E indicó que se votaría el anexo para darle la posibilidad al municipio de que tenga el presupuesto y no perder tiempo al momento de que salga la sentencia. También planteó que debería dejarse de lado el anexo y que cuando deban abonarse los costes judiciales, el expediente ingrese al Concejo y que el profesional que defendió a la comuna exponga los detalles “para pedirle que no nos defienda más”.
Desde el mismo bloque, Viviana Navarro ironizó que los abogados olvidaron presentar algunos escritos y por eso se legaron a las actuales instancias judiciales. Mientras, Jorge Camarda (UCR) dijo que el papel de la Asesoría Letrada Municipal “siempre fue lamentable”.
«Paga Juan Pueblo»
La Asesoría Letrada registró tres titulares durante la gestión Buzzi. El primero de ellos fue Hugo Américo Juárez, luego cumplió esa función Manuel Horacio Pis Diez y actualmente lo hace Chocobar.
Camarda sostuvo que no ha habido en esta gestión ningún asesor letrado que defendiera los intereses de la Municipalidad ni del intendente. Expuso como ejemplo que un reclamo reiterado en el Concejo es la falta de dictámenes acompañando las iniciativas del Ejecutivo.
Tras puntualizar que una causa caratulada Dos Santos Pires tuvo en 2010 un presupuesto de $265.500, para 2012 se le debieron asignar más de 4 millones de pesos.
Recriminó que “no sólo nos deben explicar quién se durmió, sino qué pasó en 12 meses. Acá hay negligencia e inoperancia. Lo que pasa es que sea cual sea el resultado los abogados cobran igual. Total, Juan Pueblo paga”.
Así, Camarda dijo que en algún momento debería cambiar la legislación de modo que los abogados del Estado dejen de cobrar cuando pierden las causas, ya que ello alimenta el sistema de defensas débiles y juicios fáciles de cobrar.
