Así lo señaló el Dr. Pablo Garay, abogado del propietario de una empresa, quien denunció penalmente al funcionario municipal, por permitir la ocupación ilegal de la misma. Alfredo Javier Gómez, (dueño de Papelera Patagonia), denunció penalmente en el Ministerio Público Fiscal al subsecretario de Gestión Urbana de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, por violación de los deberes de funcionario público, usurpación de propiedad privada y robo de material cometido en poblado y en banda.
La denuncia de Garay, señala que los hechos tuvieron lugar el pasado 12 de agosto. Ese día, a través de un llamado, se puso en alerta al empresario que había una mujer en su oficina sustrayendo documentación. Cuando se indagó en el hecho, se descubrió que dicha persona era una ex empleada de la empresa que habría sido contratada por el subsecretario de Gestión Urbana municipal, Fernando Vivas, para obtener información de manera ilícita.
“Esta denuncia es compleja porque la cuestión se dio compleja. En principio lo que se dio fue una usurpación de una propiedad, que es un delito contra la propiedad, por personas que eran conocidas, porque fue liderada por una persona que fue empleada y despedida normalmente por abandono de trabajo, con los telegramas y todo correcto, y luego la participación que acude a nuestro estudio es que la persona denuncia serias cuestiones que van tomando mayor volumen”, dijo el letrado.
Y agregó que “una cuestión es la violación de los deberes de funcionario público, que a nuestro entender está muy acreditada porque hay informaciones públicas. Por supuesto que tenemos una gran responsabilidad por las cuestiones que son secreto de sumario, pero lo que es público es que el certificado de transportista de residuos sólidos urbanos, solo se le puede otorgar a una persona que sea propietario o con un buen comodato o cuestión legal, después la habilitación, tener todo en regla y luego se le da un certificado de este tipo para manejar grandes volúmenes de residuos sólidos urbanos”.
“En este caso, a esta persona (Y.G.) le dan el 1° de agosto, violando todas las ordenanzas que rigen esto, y se le otorga por una persona de más edad, y lo hace el funcionario violando todas las ordenanzas que existen sobre la materia, sobre todo la 485/76 que es la que rige a nivel municipal los procedimientos administrativos, y todos los funcionarios están sujetos a esa ordenanza”, sostuvo Garay.
En diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz, explicó que “la papelera existe desde la vieja Papelera Polito, y ellos desde los años 80 fueron iniciándose de a poco en el rubro absorbiendo esa papelera extinta y estableciéndose con la misma, más rezagos de material”.
De cómo se quedan los okupas -tal como están denunciados- a trabajar en ese lugar, Garay dijo que “una cuestión es un abuso de confianza de haber conocido el ambiente y el lugar y hay otra cuestión que es hipotética que refiere según pericias fotográficas acercadas al fiscal para que vea la connivencia entre la líder de los okupas y el funcionario al que llamativamente no lo desplazan pero le quitan las funciones después del escándalo sucedido”.
“La denuncia contra Vivas es porque le dio un certificado a una persona que no correspondía, violando todas las ordenanzas ya que no tenía título de propiedad, habilitación, cuestiones de seguridad, planos ni nada. Era un tercero ajeno a la situación a quien estaban habilitando, una persona que fue empleada infiel y que fuera echada con causa. Además, esta mujer fue en poblado y en banda, supuestamente armada, y todavía está resistiendo en el galpón, que es lo que más nos exigen, la rapidez de poder volver a su galpón y poder llevar adelante la actividad económica, porque tienen alrededor de 15 empleados que sostener”, analizó.
Garay remarcó que la empresa está ocupada en forma irregular y existe una venta en el mercado negro de caños tubing, rezagos petroleros, todas cuestiones que se consiguen en el ambiente y que ellos les dan un cierto valor, pues son también especialistas en reciclaje. “Estamos evaluando las pérdidas. Nuestro bufet está trabajando primero en la cuestión penal y después puede darse una cuestión de varios millones ante la Municipalidad de Comodoro Rivadavia o bien ante el patrimonio de este funcionario, Vivas”, argumentó.
La denuncia
“La presentamos hace alrededor de diez días. La novedad es que hoy nos dio con buen trato y eso nos satisface cuando se cumple, porque obtuvimos con un certificado que es copia fiel del original, todas las resoluciones: cuando lo nombran a Vivas en 2016, en un cargo que era superfluo, luego en uno que inventaron en 2018 como subsecretario de Gestión Urbana que no existía antes, con lo cual se acredita plenamente la situación de funcionario público. La ordenanza está bien clara, que es la 2345/2018 y luego la ordenanza por la cual lo desplazan parcialmente, la 2329/2019, donde le quitaron el control que tuvo durante cierto momento de los registros de transportista y de generador de residuos sólidos urbanos, que eran los que generaban los problemas con los grandes empresarios de Comodoro, que hoy se lo han dado al Sr. González, y a él lo dejaron con funciones menores, pero con su cargo”, amplió Garay.
De la continuidad de la causa tras la presentación en Fiscalía, dijo que es “compleja sobre asociación ilícita y violación de los deberes de funcionario público, focalizada en el robo y usurpación, que son delitos contra la propiedad, y luego tenemos una cuestión investigativa y peritaje de años que tenemos en el medio legal, donde sostenemos que hay una hipótesis sobre la que podemos trabajar, que es la asociación ilícita, porque hay muchas fotos y muchas escuchas que dan como resultante que había una cuestión previa de diálogo y contubernios, o cierta combinación”.
“Ahora se está en una etapa investigativa y nosotros, respetuosos de la Justicia, vamos a esperar que se realice la formalización de la investigación, que ésta tome un paso más serio, y eso queda en manos del fiscal. Después de eso, se podría estar evaluando la posibilidad de ir a juicio, y obviamente -lo que más pide la papelera y el cliente- es que podamos lograr concretar el desalojo de los okupas”, concluyó.
