Lo sostuvo Fabian De Sousa al reanudar su declaración indagatoria en una nueva jornada del juicio que se le sigue junto a su socio, también detenido, Cristóbal López, y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.
El empresario detenido, Fabian De Sousa sostuvo ante el Tribunal Oral Federal 3 que la petrolera tuvo que desarrollar su negocio «con las condiciones ruinosas que estableció el fisco, el Estado nacional».
«Como empresarios, los accionistas, mi consorte de causa y yo, nunca imaginamos que por los actos de comercio que desarrollamos con las condiciones ruinosas que estableció el fisco, el Estado nacional, íbamos a estar presos», agregó.
El dueño del grupo Indalo sostuvo que en este entonces, entre 2012 y 2015, «el principal violador de la normativa de retenciones para el precio del petróleo era YPF, con su principal accionista, el Ministerio de Economía de la Nación».
«Dentro del tiempo de reflexión desde que estoy preso, lo que pienso es que tendría que haber cerrado», dijo tras recordar el valor en dólares del petróleo en ese momento y el que alcanzó luego.
«Si cerrábamos el grifo hasta esperar mejores condiciones, teníamos 14 mil demandas de quienes dependían directa o indirectamente» de Oil Combustibles, como los estacioneros.
«Eso sí hubiera sido una defraudación, no al Estado sino a los estacioneros», agregó.
De Sousa aludió a «hechos del príncipe definidos por el Estado. El Estado mismo creó las condiciones ruinosas» para la actividad petrolera, y refirió que hubo reuniones con funcionarios donde se les decía que siguieran con la actividad y pagasen impuestos con planes de pago.
«En cada reunión se nos dijo que siguiéramos desarrollando la actividad y que los impuestos que no podíamos pagar requiriéramos plan de pagos del artículo 32», y aludió a ex funcionarios presentes en esas reuniones, como el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y a ejecutivos de otras petroleras, como Juan José Aranguren, entonces titular de Shell Argentina.
«Las reuniones no eran privadas, deben estar agendadas. Planteábamos que en esas condiciones no podíamos desarrollar la actividad. Los quería como testigos pero no fueron aceptados, quería que mi defensa les pregunte si decimos la verdad», afirmó.
El empresario dijo que «locura significaba operar vendiendo nuestro producto casi a la mitad de lo que valía».
De Sousa y López fueron excarcelados la semana pasada por el Tribunal que los juzga en este caso, y ahora aguardan que la sala I de la Cámara Federal porteña resuelva si les concede el mismo beneficio en otra investigación en la que están procesados con prisión preventiva, la de los cuadernos de la corrupción.
Ambos son juzgados junto a Echegaray por el no pago del impuesto a los combustibles líquidos retenido a los clientes de Oil Combustibles y que debía ser derivado a la AFIP.
Según la acusación, Echegaray concedió de manera irregular planes especiales de pago a la petrolera y esos fondos habrían sido derivados a financiar otras empresas del grupo Indalo, como las vinculadas a medios de comunicación en el kirchnerismo.
