Nación se prepara para pulsear el presupuesto 2019 en el Congreso, pero con fuertes recortes a las provincias. Arcioni le tomará juramento al reemplazo de Bortagaray, pero sigue sin consolidar el gabinete propio.
Según publica el diario de Madryn, la semana arranca con varios automatismos. La puja instalada por la aprobación del proyecto de Presupuesto Nacional 2019 que hoy llega al Congreso, desembarcará en el recinto con la intención de que los legisladores aprueben un hecho inédito: que los ingresos del Gobierno alcancen para financiar los gastos; lo que técnicamente se conoce como “déficit cero”.
Y para ello la Nación busca el compromiso a rajatabla de las Provincias de achicar sus propios gastos. Para alcanzar ese objetivo, el Gobierno nacional y los gobernadores llegaron por ahora a un acuerdo previo que incluye un portafolio de nueve medidas centrales, las cuales hoy mismo van a ser detalladas por el ministro de Economía Nicolás Dujovne. Aunque lo central de todo eso es que los giros a las Provincias se reducirán en 2019 un 30%, vinculados centralmente a obra pública.
Chubut, rearmando gabinete
En Chubut hay varios frentes abiertos, pero el central es tal vez activar un Gabinete que de apoco debió ir rearmando el gobernador Mariano Arcioni, pero que aún no logra estabilizar. En ese marco, hoy asumiría formalmente y le tomarán juramento a la nueva ministra de Familia, la concejal de Esquel, Valeria Saunders (CHST) que reemplazará al exministro Martín Bortagaray, quien renunció al cargo hace una semana luego de haber quedado imputado en la causa Revelación por la cual, incluso, fue detenido el miércoles 5 en Casa de Gobierno de manera ilegal, desatando una polémica que podría derivar en el juicio político de las autoridades judiciales.
Más allá del destino `comprometido´ que le toque al exministro de Familia, por su paso en el IPV y en base a los testimonios de Lüters y de otros empleados del organismo, la situación dejó en evidencia de algún modo la crisis de poder que vienen sufriendo dos de los poderes del Estado, el Ejecutivo (tras el fallecimiento de un caudillo como Das Neves) y el Legislativo (convertido en un escenario de pujas partidarias interminables); derivando probablemente en una entronación sin precedentes del poder judicial en la vida política de Chubut, tras las causas de corrupción que están en juego, y por las que la ciudadanía clama un rápido y contundente esclarecimiento y condena.
Sin embargo, un proceso que venía siendo conducido con absoluta calidad profesional por el juez y que requería la mayor transparencia posible, se terminó oscureciendo con la detención ilegal de Bortagaray la semana pasada, violando todos sus derechos Constitucionales y desconociendo su protección legal por tratarse de un ministro en funciones. De hecho, sesionará desde hoy y hasta el jueves 20 el Consejo de la Magistratura en Comodoro Rivadavia, y seguramente no podrá desatender la denuncia que sobre este tema ingresó contra el juez Piñeda y los fiscales Nápoli e Iturrioz por haber incurrido en una “grave afrenta a la institución republicana, a la división de poderes y a lo establecido por el artículo 248 de la Constitución Provincial por haber librado orden de detención contra un ministro del Poder Ejecutivo Provincial en funciones en el marco de la causa denominada ‘Revelación’”.
Quienes siguen de cerca el accionar de la justicia y las causas, afirman que es sumamente importante garantizar la legalidad de todo el proceso y desestimar excesos, tanto como presuntas zonas grises de negociaciones que podrían evidenciar parcialidades manifiestas. “Revelación se ha convertido en un negocio para algunos”, estampó un profesional del derecho que prefirió mantener su apreciación en el anonimato.
Límites a los excesos
La avanzada contra Bortagaray resultó posiblemente un emergente de las cosas que no están bien en el proceso. Ya en mayo pasado, hubo pedidos de apartamiento del Juez por presuntas `parcialidades´, aunque posteriormente fue ratificado en la causa. Sin embargo las anomalías persistieron. Pocos lo han manifestado formalmente, pero los cuestionamientos a un accionar presuntamente discrecional genera polémicas que van más allá de los estrados.
Por ejemplo el modo en que el Juez dispone para algunos imputados la detención domiciliaria y para otros mantiene la reclusión carcelaria, incluso sin haberse probado el delito. Es el caso del secretario privado Gonzalo Carpintero, que seguiría detenido por “figurar” en la lista Excel elaborada por
Diego Lüters, una decisión del juez que de haber sido `pareja´ debería haber ocasionado muchas otras detenciones o imputaciones de personas que figuran en esa lista como la viuda de Das Neves, o incluso el propio Gobernador Arcioni.
¿Hubo impericia o desconocimiento del Derecho?
Por ahora y a la par de la denuncia en el Consejo de la Magistratura por la grave falta cometida en la detención de Bortagaray, un grupo de abogados del fuero local presentó también un escrito al presidente del Colegio de Abogados de Trelew, Eduardo Fernández Lubo, solicitando que se inicien las respectivas denuncias contra el juez Piñeda y los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz por el mismo accionar.
“Dada la expresa manda del artículo 248 de la Constitución Provincial y lo despuesto por el artículo 52 del Código Procesal en materia Penal, en lo atinente a los obstáculos fundados en Privilegios constitucionales, consideramos que se han violentado expresas normas que podrían derivar en conflictos de poderes en el Estado provincial pero que, independientemente de ello, generan una riesgosa actitud e ilegítima en un Estado democrático, sostenido por el principio de derecho en clave constitucional”, dice el escrito.
En su análisis, los abogados firmantes esgrimen que ante el hecho de la detención de un ministro, “podríamos estar frente a la comisión de ilícitos, abusos de poder y violación de los deberes de funcionarios, o en su caso y subsidiariamente, desconocimiento del derecho, pero tales actitudes debe conocer y valorar el Consejo de la Magistratura de la provincia del Chubut del cual uno de sus integrantes ha sido elegido por nuestro Colegio Público. Es de destacar que básicamente el juramento de los magistrados está basado en cumplir y hacer cumplir la Constitución”.
