El ministro de Hidrocarburos, Ezequiel Cufre, se explayó acerca de la investigación del Fiscal de Estado, Blas Meza Evans sobre Luis Tarrío, en una denuncia por facturas mellizas salida de la Secretaría de Hidrocarburos que por entonces comandaba el contador comodorense.
El funcionario dijo a El Comodorense por Radiocracia que en lo administrativo al hacerse cargo de lo que ahora es un Ministerio, encontró “una falta de conducción política, con políticas claras hacia el sector, partiendo de que es un organismo de control, principalmente, para garantizar que se cumplan las legislaciones vigentes como autoridad de aplicación”.
Y sobre las facturas mellizas en forma puntual, destacó que se trata en realidad de resoluciones, conocidas en su momento como la resolución 10 bis, donde le tocó en ella realizar un análisis minucioso del expediente también de la 9 bis, al ser dos concesiones distintas.
“Observamos que de toda esa gestión, en ningún punto se ve el beneficio claro para la provincia más allá que se pone en duda la legalidad de cómo se dictó la resolución. Ese beneficio claramente se ve que no va a la provincia y mi rol es elevar esa duda al Fiscal de Estado para que analice la legalidad de la misma”, explicó Cufré.
El ministro consideró que el monto aludido roza los cinco millones de pesos para estas dos resoluciones, en las que los favorecidos serán dictaminados por el Fiscal de Estado en su momento, ya que habrá que encontrar a los responsables materiales o la equivocación, si fue adrede o no.
“Hay un claro responsable que es el Gobierno de (Mario) Das Neves, que a través de esta gestión se ha visto claramente perjudicada en las finanzas de la provincia y eso es lo que denunciamos con claridad. Principalmente en lo económico y en lo material, porque no se vieron las inversiones plasmadas”, indicó.
Además, remarcó que no se cumplieron los compromisos asumidos por los que se concedieron esas resoluciones y se condona un canon a cambio de garantizar una inversión la cual no fue cumplida finalmente, por lo cual las resoluciones de hecho también caducaron. “Esos son los principales perjuicios y así no se generan las políticas claras que alienten la industria como autoridad de aplicación. Todo lo contrario”, concluyó.
