La acusan de incumplimientos de deberes en su cago y comisión de delitos. La funcionaria confirmó que se presentará a una interpelación.
Los diputados Gustavo Fita, Alejandra Marcilla, Viviana Navarro y Blas Meza Evans, del PJ-FpV, presentaron el juicio político a la ministra de Educación de Chubut, Graciela Cigudosa. La nota fue elevada al presidente de la Legislatura, José Grazzini, para que ponga en consideración el proceso de juicio político, que podría concluir en destitución de la funcionaria, por falta de cumplimiento a los deberes de su cargo y comisión de delitos en el desempeño de sus funciones.
Los diputados cuestionan que Cigudosa ha tenido a su cargo el mantenimiento de las escuelas, con distintas asignaciones presupuestarias. Con motivo de la falta de reparaciones y de sospechas de corrupción en las obras que debían realizarse, la ministra fue convocada a la Legislatura provincial pero no concurrió aduciendo que debía asistir al Encuentro de la Lengua Español en Córdoba y luego adujo un problema de salud.
Ayer, el presidente del bloque Javier Touriñan dijo que «Fita se cortó sólo» ante este pedido de juicio político, sin embargo logró el acompañamiento de otros tres compañeros de bancada. En las últimas horas, la ministra Cigudosa presentó un escrito en la Legislatura para que le brinden una nueva fecha para su interpelación, a la cual participará.
Para justificar el pedido, los diputados recordaron la denuncia de su par Alejandro Di Filippo, quien apuntó la existencia de “coimas” en las obras de mantenimiento de escuelas. Antes, el 10 de marzo, el diputado provincial Eduardo Conde de Cambiemos realizó una clara descripción de presuntas irregularidades en la contratación de empresas para la reparación de escuelas
A partir de estas denuncias públicas, los diputados denunciantes recibieron otra información vinculada a sobreprecios y a empresas vinculadas a presuntos hechos de corrupción.
«A nuestro criterio es indudable que la Ministra, al menos ha incurrido en la falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. Será la justicia penal la que determinará con posterioridad, si además sus conductas encuadran en alguno de los tipos penales propios del Código Penal, que determinen una imputación de delitos en el desempeño de sus funciones», apunta la solicitud de Fita, Marcilla, Navarro y Meza Evans.
