Las empresas públicas que podrían ser privatizadas o puestas a concesión con la Ley Bases son Energía Argentina, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales.
Por su parte, la Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT) solo pueden volverse mixtas con control del Estado.
En la última modificación realizada en la Cámara de Senadores se estipuló que Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial y los medios públicos estén excluidos y no puedan ser privatizados. Ahora el texto deberá ser validado, o ratificar la versión original en la Cámara de Diputados.
Qué es la Ley Bases
El proyecto de la Ley Bases incluye un paquete de medidas que abarcan desde la delegación de poderes al Ejecutivo, privatizaciones y concesiones de empresas estatales, la derogación de la moratoria previsional, ajustes en el impuesto a las ganancias y el monotributo, la disolución de organismos públicos, intervenciones, fondos fiduciarios y la reforma laboral, entre otros.
El pilar de este proyecto radica en la concesión de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, para lo cual se propone declarar la emergencia pública en los ámbitos administrativo, económico, financiero y energético por el plazo de un año.
Cuáles son los puntos más importantes de la Ley Bases
Declaración de Emergencia Pública
El primer artículo declara la emergencia pública por un año en áreas administrativas, económicas, financieras y energéticas. Esta medida permite al Ejecutivo arrogarse poderes especiales.
Privatizaciones
El proyecto, además, establece la privatización de empresas del estado. Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial y Radio y Televisión Argentina (RTA) están excluidas de las privatizaciones, por pedido de algunos gobernadores. Siguen con la posibilidad de privatizarse o concesionarse: Energía Argentina, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales.
Por su parte La Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT) solo pueden volverse mixtas con control del Estado.
Desregulación del Estado
La disolución, fusión o modificación de organismos públicos. Se limitó la capacidad del Ejecutivo para disolver organismos públicos, incorporando 15 entes e institutos que no podrán ser disueltos, incluyendo el CONICET, el Laboratorio Malbrán, la ANMAT, el INCAA, el ENACOM, el INCUCAI, el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Reforma laboral
Se estipula en el proyecto extender el período de prueba a seis meses, se eliminan multas por trabajo no registrado y se crea un fondo de cese laboral para indemnizaciones que será opcional por convenio colectivo. También se incluye la posibilidad de contratar un seguro de desempleo.
Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI)
Es para inversiones iguales o superiores a US$200 millones. Según se precisó, se obtienen beneficios fiscales, aduaneros y cambiario, entre los que se encuentran una alícuota única del Impuesto a las Ganancias del 25% y la contabilización del 100% del Impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta de Ganancias. Si se aprueba, el RIGI, posibilita la entrega de nuestros recursos naturales a inversiones extranjeras a 30 años.
