De cara al juicio oral que se realizará probablemente a fin de este año, la defensa, que también integra Aníbal Fernández, ya tiene una estrategia.
Según publica el diario Clarín, Cristóbal López se prepara para afrontar el primer juicio oral y público por defraudación, junto a Fabián De Sousa su socio y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. En ese juicio también se tratará la demanda por daños y perjuicios que el Estado le realizó al empresario K por haber generado una deuda multimillonaria. Junto a sus abogados, entre ellos Aníbal Fernández, López prepara su defensa: responsabilizar a Mauricio Macri de la quiebra de su principal empresa.
«La AFIP hizo todo para mandar a la quiebra a Oil Combustibles SA y la detención de Cristóbal López y Fabián De Sousa no se decidió en la justicia, sino en la Casa Rosada», señalaron desde la defensa de Cristóbal López a Clarín.
Así, y bajo este principal argumento, se defenderá el empresario K ante la demanda por más de $ 22.000 millones que impulsa la AFIP que dirige Leandro Cuccioli, contra los dueños del Grupo Indalo y Echegaray. Los tres acusados deberán responder con sus respectivos patrimonios ante el reclamo por daños y perjuicios.
La defensa del empresario K, integrada entre otros abogados por Aníbal Fernández, enfocará la ofensiva en el accionar del Gobierno de Cambiemos. El último componente fue la valuación que los interventores judiciales realizaron, en el marco de la quiebra, sobre la petrolera Oil Combustibles.
Según el informe oficial, se le otorgó un valor de mercado de 42,5 millones de dólares, cifra con la que disiente Cristóbal López. «Su principal malestar es con el valor que es muy por debajo del que tiene la empresa, él quiso venderla y el valor de entonces hace más de un año era de más de 500 millones de dólares», señalaron desde su entorno a Clarín.
«Ante el juez Julián Ercolini (que procesó al empresario K y lo detuvo), se presentó una presentación con cuatro definiciones de valuaciones de especialistas, donde se determinó que el Puerto de Oil valía 115 millones de dólares, el stock se cotizó en 100 millones de dólares, un reconocimiento de flujo a tres años por 135 millones de dólares y tres años más por 135 millones de dólares y las estaciones de servicio por 22 millones de dólares», plantearon desde la defensa de López.
La sumatoria de dichas valuaciones, arrojó una valor de 507 millones de dólares para la petrolera que utilizó López para no pagar a la AFIP $ 8.000 millones del impuesto a los Combustibles durante el último gobierno de Cristina Kirchner. Sin embargo, tras el pedido del juez comercial Javier Cosentino, los veedores le asignaron un valor actual de 42,5 millones de dólares, al contemplar diversos factores como el «deterioro de la red de estaciones de servicios y la inactividad de la refinería», entre otros puntos detallados en el informe oficial
López y De Sousa presos ambos en el Penal de Ezeiza, plantearon a sus abogados la semana pasada que el valor de Oil es «muy bajo a propósito» y que de haberlos dejado vender hace un año como propusieron «se hacía por más de 500 millones de dólares y se cancelaba parte de la deuda».
Este planteo para la justicia resulta insuficiente. «Ellos se financiaron con el dinero del Estado y en vez de pagar mes a mes, cuando podían, el impuesto a los combustibles decidieron financiarse y ampliar el conglomerado empresarial», remarcaron fuentes judiciales. La defensa de López insiste que a diciembre de 2015 parte de los planes de pagos estaban cancelados, «hicieron todo el daño para que dejaran de pagar y que Oil quiebre», repitieron.
A través de la demanda, se exige que los acusados respondan por «la totalidad de las sumas dejadas de percibir por el Fisco en función de la maniobra defraudatoria», ante «los perjuicios causados por la afectación de la institucionalidad de la AFIP por la pública burla a los controles del Fisco» y por «el lucro cesante que supone para el Estado Nacional la indisponibilidad de las sumas lisa y llanamente sustraídas al erario público».
Durante la etapa de la demanda civil, López buscará «exhibir que el Estado empujó a la empresa a la quiebra». Mientras, la AFIP se prepara para reclamarle más de 22.000 millones de pesos.
