Los coletazos de la quiebra de Oil Combustibles continúan repercutiendo en ámbitos judiciales de Comodoro Rivadavia. En esta ocasión, el Juzgado Civil y Comercial 2 deberá resolver en los próximos días un amparo interpuesto por hijos de Cristóbal López, que a través de esta medida intentan liberar fondos por 2 millones de dólares, que habían quedado inmovilizados por una disposición del Banco Central, a partir de la inhibición general de bienes dictada por el Juzgado de la quiebra.
El Juzgado, cuyo juez titular es el doctor Manuel Pis Diez, debe resolver en los recursos de amparo impulsados bajo los expedientes 283 y 284/2018, por el que se interponen medidas cautelares en contra del Banco Santander Río, que había inmovilizado fondos detectados en las cuentas de Nazareno y Emiliano López.
El juez Javier Cosentino, a cargo de la quiebra de Oil Combustibles, dispuso la inhibición general de bienes, lo que fue formalizado por el Banco Central a través de la Resolución D2716. Al detectar el Banco Río la existencia de fondos por un monto que, según fuentes consultadas por esta agencia, serían de 2 millones de dólares, los retuvo y comunicó al juez de la quiebra, quien ordenó a la entidad que se abstuviera de posibilitar el retiro de dinero de la cuenta, como también el rechazo cheques girados contra las mismas.
Frente a esa situación, tanto los hijos de Cristóbal López como uno de sus abogados, Daniel Herrera, quien ejerció como director de Oil Combustibles (y por lo tanto, también fue alcanzado por el embargo bancario), interpusieron los recursos de amparo contra la entidad bancaria. Según observadores judiciales que siguen de cerca el caso y conocen la investigación desde sus inicios, la maniobra apuntaría a evitar que esos fondos deban responder a los acreedores de la empresa en quiebra, entre los que se cuenta el fisco, con una deuda que supera los 16.000 millones de pesos.
De acuerdo a lo que pudo saberse en fuentes vinculadas al sistema judicial, los recursos de amparo apuntan a cuestionar la decisión del banco, por entender que habría ido más allá de la inhibición, al trabar embargo y pesificar el monto que originalmente se encontraba en dólares, impidiendo el resto de operaciones habituales para el desenvolvimiento de las personas físicas y jurídicas. “No es plata que se sustrae a la quiebra, sino una medida para evitar que el banco los convierta en un muerto civil”, dijeron voceros cercanos al grupo empresario.
Respecto de la elección del juzgado en Comodoro Rivadavia, que generó todo tipo de suspicacias en ámbitos de los tribunales capitalinos (ya que la medida podría haberse presentado también ante el mismo juez de la quiebra), fuentes judiciales coincidieron en señalar que la vía de amparo no va a sorteo, sino que se puede elegir libremente en qué juzgado se presenta.
Anteriormente, también se intentó tramitar el concurso preventivo de Oil Combustibles en Comodoro Rivadavia, cuando se hizo la presentación en el Juzgado del juez Gustavo Toquier, quien abrió la posibilidad del procedimiento pese a una notificación en contrario. Como consecuencia, el juez cumple hoy una suspensión de un mes, tras haber sido denunciado por la AFIP y la DGI ante el Consejo de la Magistratura, que ahora abrió una nueva investigación contra el mismo magistrado, en base a una denuncia formulada por el Superior Tribunal de Justicia.
