Esta mañana, se concretó la rescisión final del contrato con el empresario Cristóbal López, a quien además le exigen cumplir con una deuda de 3.000 millones de pesos. El decreto lleva la firma del director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y hasta que se relicite el próximo año la concesión, la autopista será gestionada Corredores Viales SA cuya totalidad accionaria está a cargo del Ministerio de Transporte y de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
«Resulta inadmisible que el Estado Nacional mantenga una relación contractual con aquel que por su conducta lo lleva a la pérdida absoluta de la confianza por violación a los mínimos principios de la buena fe en la ejecución del contrato», consigna el Decreto de rescisión al que accedió Clarín.
Según el Gobierno, Aecsa -compuesta por Esuvial que es dueña en el 70 % de las acciones y está constituida por CPC (constructora de Cristóbal López) en un 99,12% y Fabián De Sousa (su socio) en el restante 0,08%-, adeuda $ 725 millones. Es por «recursos de asignación específica» (RAE), un dinero que los concesionarios recaudan en los peajes y deben transferir a Vialidad Nacional.
Además, se le contabilizaron multas firmes aplicadas y adeudadas que al 28 de febrero de 2017, ascienden a $ 1.978 millones, que con intereses devengados «será más de $ 2.300 millones», señalaron fuentes oficiales a Clarín. Por ello, Vialidad Nacional le rescinde el contrato con un reclamo de más de $ 3.000 millones.
El contrato de concesiones prevé que la empresa a cargo del manejo de la autopista, no puede tener multas aplicadas firmes y no pagas por encima del 100% de la garantía, «en este caso hablamos del 1.200 %, es uno de los causales de la rescisión», explicó a Clarín Javier Iguacel.
También se atribuyó a AECSA la violación de otras cláusulas, como el cambio de su estatuto Social, donde redujo su capital, «sin solicitar la autorización formal» para ello. La empresa de López entre otros incumplimientos, no presentó sus estados contables al 31 de diciembre de 2015, algo originado en en «la inconsistencia de la información utilizada por la firma en sus registros contables».
«Agotando las vías administrativas», señala el Decreto, se procedió a ponerle fin al contrato al haber acumulado 13 actas de Constatación en doce meses por faltas graves, cuando «el contrato de concesión establece la comisión por parte de la Concesionaria de tres o más faltas graves en doce meses o seis en 36 meses», señala el documento firmado por Iguacel.
Otro de los motivos por los cuales Cristóbal López perdió el millonario negocio fue por no pagar el RAE, «dinero con el que financió a los accionistas de la empresa otorgando fondos en carácter de préstamo» y que lo «hacía en efectivo, con cheques, y en la mayoría todo mal registrado», según remarcó el director de Vialidad Nacional. En la rescisión fue calificado como «operaciones financieras ajenas al origen de su percepción a sabiendas de la imposibilidad y prohibición existente en tal sentido».
Al respecto, el Decreto remarca que no existía la posibilidad de afectar dichos recursos (RAE) «para otros menesteres objetivos o propósitos» ya que se trata de «recursos que no le pertenecen a la Concesionaria y que los mismos debían ser afectados directamente al pago de los certificados que se emitieran en virtud de las obras que debía realizar».
Se determinó que el accionar de AECSA «configura un grave incumplimiento de las obligaciones a su cargo, cuyos principales damnificados son los usuarios de la vía» constituyendo «un peligro cierto e inminente para la seguridad vial», por lo que es «necesario e impostergable» adoptar medidas para «resguardar la continuidad del mismo y la seguridad vial de los usuarios».
Cada uno de estos incumplimientos derivaron en una denuncia penal del Gobierno nacional contra Cristóbal López y Fabián De Sousa por «fraude» y «retención indebida» y «defraudación por administración fraudulenta». La denuncia incluyó a la concesionaria AECSA.
Después de la firma del decreto que puso fin a la administración de AECSA, la toma de posesión de la autopista por parte del Estado se hizo esta mañana ante escribano público, con la presencia de las autoridades que presiden Corredores Viales SA y el director del área de jurídicos de Vialidad Nacional.
Transitoriamente, la autopista será manejada por Corredores Viales SA y así, «absorber la rescisión y a la gente y realizar las obras que no se hicieron, hasta tanto se adjudique nuevamente», indicó Iguacel. La concesión se volverá a licitar -probablemente a mediados del próximo año.
Cuando vuela re licitarse la autopista Riccheri, será en el marco de la modalidad de «Participación Público Privada», ya no bajo la ley de concesiones. Con el nuevo régimen, el contratista tiene obligaciones de obra y mantenimiento durante quince años. A su vez, estará enmarcada en el programa de 7.000 Km de autopistas y rutas que se lleva adelante en todo el país para los próximos años.
Del 12% de autopistas que hoy integran los 7.000 kilómetros, Vialidad Nacional aspira a invertir la cifra y contar en cuatro años con un 54% de autopistas, un 4% de semi autopista y 42% restante de rutas seguras.
