Mientras los fiscales avanzan en sus alegatos contra Cristina Fernández en la causa de la obra pública, el kirchnerismo admite haberse quedado sin herramientas institucionales. Operativo clamor, plazas militantes y pintadas de La Cámpora.
«El Adolfo» Rodríguez Saá le puso un cepo a la reforma de la Corte Suprema que quedó congelada en el Senado de la Nación. Aunque en el kirchnerismo duro no admitirán una derrota parlamentaria porque no se votó, la mayoría de los legisladores que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner ya no ven chance alguna para reformar el Poder Judicial, ampliar el Supremo Tribunal o sacar al Procurador interino. Todo el paquete está definitivamente frenado en ambas cámaras.
En el plano político se pasó de la estrategia ofensiva a una estrategia puramente defensiva con un pie en la calle y apelando al reclamo popular. La expectativa negativa no aplica sólo a las causas que involucran a Cristina sino también a decisiones de gestión que pueden terminar judicializadas.
«Están actuando los jueces macristas, los que entraban a Olivos o jugaban al fútbol en la quinta de Mauricio Macri», insisten. Una de las figuras más involucradas en la ofensiva K le dice también a El Cronista que hoy «no se puede sacar nada». Cada vez es más difícil en el Congreso avanzar con leyes que no tengan amplio consenso por eso bajó el número de reuniones de comisiones y también de sesiones.
No se puede sacar nada. Ahora estamos a la defensiva
Varios todavía responsabilizan al presidente Alberto Fernández por no haber avanzado cuando tenía poder político. «Ya era tarde», señalan sobre las proclamas albertistas contra la Justicia para defender a Cristina y a la líder Tupac Amaru Milagro Sala.
Aquellos que se referencian en el liderazgo de la Vicepresidenta lanzaron un nuevo operativo clamor autopercibido como «Cristinazo». En las plazas lo lideran el juez Juan Ramos Padilla y el sanitarista Jorge Rachid a los que se suman dirigentes como el diputado porteño Eduardo Valdés. La primera edición fue una convocatoria a Parque Centenario el último sábado al mediodía y la próxima será el 27 de agosto en el Parque Chacabuco. La gesta se parece a los debates que en plazas de la Ciudad convocaba La Cámpora durante la campaña del 2015 y en los cuatro años que quedaron fuera del Gobierno.
Justamente la organización que lidera Máximo Kirchner, como ya contó este diario, puso en marcha una campaña para denunciar que la oposición, la Justicia y poderes económicos, se unieron para proscribir a Cristina Kirchner en las elecciones del 2023, o todas las futuras. La comparan con lo que ocurrió por ejemplo con Lula Da Silva en Brasil y con la proscripción de Juan Domingo Perón. La Cámpora alentó la organización de movilizaciones y banderazos mandó a pintó paredones, colgó pasacalles y operó en las redes sociales contra «los jueces macristas» y el «lawfare» con el lema «jueces macristas no jodan con Cristina».
«En todos los rincones de la patria hay un pueblo organizado preparándose para luchar una vez más por la libertad de elegir a su líder», advierten distintos dirigentes.
La estrategia es hoy la única salida en el marco del juicio por la obra pública donde los fiscales llevan más de dos semanas de alegatos en contra de CFK, de su hijo Máximo Kirchner y de empresarios ligados a la construcción.
«¿Qué hizo la comisión de juristas que armó Alberto»?, se preguntan todavía los que reprochaban inacción a la ex ministra Marcela Losardo a quien lograron desplazar y nombrar en su lugar al ex diputado rionegrino Martín Soria secundado por el kirchnerista Martín Mena.
«No se hizo nada para cambiar la matriz de una Justicia que tiene los fallos escritos por anticipado», subrayan. Hablan de manos caídas pero apostando al éxito de la gestión de Sergio Massa en Economía. Recién un nuevo Gobierno o un pacto de gobernabilidad podría gestar el recambio judicial que no avanzó en este turno.
AVATARES PARLAMENTARIOS
La reforma judicial que Losardo llevó al Senado se modificó sustancialmente, la votó en soledad el oficialismo y se congeló en la cámara baja. Igual destino tuvo la reforma del Ministerio Público Fiscal que modificaba las mayorías para nombrar Procurador.
El texto que aprobaron los senadores fue remitido a la cámara revisora -Diputados- donde logró dictamen de comisiones el 18 de mayo del año pasado por 34 contra 29 votos. Ese resultado no se podía replicar en el recinto por falta de votos, mucho menos después de la derrota de las Legislativas y el recambio de diciembre. La iniciativa está congelada desde hace 15 meses y Eduardo Casal ya cumplió cuatro años y diez meses y medio como interino en el lugar que dejó Alejandra Gils Carbó.
La historia se repite ahora en el Senado, donde el kirchnerismo perdió su mayoría casi automática. El senador puntano Rodríguez Saá se plantó a favor de su propio proyecto mientras su hermano el gobernador Alberto Rodríguez Saá quedó del otro lado, empujando desde la Liga de Gobernadores la ampliación con jueces de todo el país.
