El reciente ataque a instalaciones petroleras de Arabia Saudita puede ser considerado el último cisne negro del debilitado gobierno de Mauricio Macri. Tras esta acción llevada a cabo por drones dirigidos desde Irán, según la información brindada por Estados Unidos, el precio del petróleo se disparó en el mundo entero.
En la Argentina, donde el valor de las naftas se encuentra congelado hasta el próximo 12 de noviembre, la consecuencia inmediata fue una profundización de la tensión entre la Casa Rosada y las compañías petroleras que, previsiblemente, pugnan por recortar sus pérdidas.
Así planteada la coyuntura, cuando el oficialismo encontraba un alivio en el anclaje del dólar, las malas noticias llegaron desde Abqaiq y Jurais, dos plazas petroleras ubicadas a casi 13.000 kilómetros de Buenos Aires.
Desde el inicio de la semana, en la secretaría de Energía a cargo de Gustavo Lopetegui, reinó la incertidumbre sobre el desenlace de esta nueva crisis, menciona A24. En las últimas horas, el silencio de radio fue total. Hay dos posibilidades: que nadie quiera anticipar lo que van a hacer o que nadie sepa qué hacer.
Cuanto menos, el Gobierno tendrá que garantizar a las empresas, y en menor medida a los consumidores, una abultada compensación, muy parecida a los denostados subsidios del kirchnerismo. La cifra, por ahora, se acerca los 1.800 millones de pesos. Dicho de otra manera, más déficit.
El presidente de la nación podría repetir aquella desafortunada frase pronunciada hace apenas un año, tras anunciar el obligado retorno al Fondo Monetario Internacional: “Veníamos bien, pero pasaron cosas”.
Y las cosas siguen pasando…
El acuerdo vigente fue alcanzado con un dólar a 48 pesos y, devaluación mediante, está siendo ejecutado con un valor oscilante de la divisa estadounidense en alrededor de 60 pesos.
Mientras tanto, el barril de petróleo aumentó un 14%. Conclusión: las empresas reclaman un aumento del 30% en el precio de los combustibles.
Nadie en el Gobierno está dispuesto a ceder ante esa pretensión, a menos de dos meses de las elecciones presidenciales y con una inflación que en agosto llegó al 4% y que acumula una suba del 54,5% en los últimos 12 meses.
Con la coyuntura así planteada, la Asociación de Expendedores de Combustibles y Afines advirtió que ya hay indicios de desabastecimiento. Sin solución a la vista, ese fenómeno se podría extender a las grandes ciudades.
Así podrá aparecer el fantasma de las largas filas de vehículos ante las estaciones de servicios, una pesadilla para la Casa Rosada.
Sin ofrecer respuesta a la creciente crisis de los combustibles, el Gobierno le va a estar dejando a Alberto Fernández una bomba difícil de desactivar, en el probable caso de que éste sea electo presidente el próximo 27 de octubre. Y es algo que ya empezó a preocupar seriamente en el bunker peronista de la calle México, tanto como la pesada herencia que podrá significar la deuda externa.
“Cuando liberen el precio de los combustibles va a explotar la inflación, porque la brecha es grande. En ese sentido, estamos igual que durante el gobierno K”, admitió a A24.COM una alta fuente vinculada al sector energético, que supo tener responsabilidades en el área durante la actual gestión. La incógnita es si serán liberados al cabo del congelamiento de 90 días o ya en la próxima administración. ¿Quién asumirá el costo de esta decisión?
Según trascendió, desde la implementación del congelamiento de precios ya se paralizaron casi 10 equipos de perforación y las empresas analizar suspender otros tantos.
Del mismo modo, planean desactivar inversiones comprometidas para los próximos meses. Una de las zonas más afectadas es la de Vaca Muerta, de cuya producción de petróleo y gas no convencional dependerán fuertemente las arcas fiscales en los próximos años.
