La corrida por la escasez de combustible se explica, en el plano táctico, por la negligencia compartida entre funcionarios que responden al ministro de Economía y directivos de YPF, la petrolera controlada políticamente por el cristinismo, que se enfrascaron el último mes en discusiones de segundo orden que impidieron que la compañía, el mayor jugador del mercado de combustibles, pueda descargar seis cargamentos de combustible importado por falta de dólares para concretar su pago.
El BCRA deberá habilitarle este lunes a YPF unos US$ 80 millones en el Mercado Único de Cambios (MULC) para concretar el pago de tres buques cargados con gasoil por un total de 91.000 metros cúbicos (m3) que esperan desde hace días en el Río de la Plata, tal como adelantó EconoJournal a principios de la semana pasada. La petrolera bajo control estatal logró el viernes, tras participar de una reunión convocada de urgencia por la secretaria de Energía —una vez que se empezaran a repetir las filas de automovilistas en estaciones de servicio de Capital Federal y el Conurbano apiñados por la falta de producto— que funcionarios del gobierno le den acceso a las divisas para descargar dos cargamentos de gasolina.
Sin embargo, aún es temprano para pronosticar que los problemas de abastecimiento se solucionarán en los próximos días, como dio a entender el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, que amenazó a las petroleras con frenar las exportaciones de crudo si la crisis no está resuelta a la medianoche del martes; una amenaza de cumplimiento imposible no sólo por una necesidad económica (el gobierno precisa los dólares provenientes de esas ventas), sino principalmente por una razón física: no es factible interrumpir las comercialización de petróleo al exterior sin generar al mismo tiempo, de forma ineludible, una parálisis de la producción local de crudo, dado que la Argentina no cuenta con instalaciones para almacenar petróleo más que por apenas unos días.
En consecuencia, el negocio de crudo funciona como un proceso continuo que no puede frenarse. Todo el crudo que se extrae en Neuquén, por ejemplo, se envía por oleoducto a la terminal de Oiltanking Ebytem en Puerto Rosales, en las afueras de Bahía Blanca. Una parte de ese hidrocarburo se envía a las refinerías locales (Ensenada, Dock Sud y marginalmente a Campana) y el resto se exporta por barco (se despachan unos cinco buques de crudo Medanito por mes). Si el gobierno prohibiera las exportaciones, no habría lugar físico donde acumular el petróleo que se enviaba al exterior. Por eso, no quedaría otra alternativa más que frenar la producción de los yacimientos por falta de capacidad de acopio.
Una corrida de alcance incierto
Lo concreto es que, más allá de la belicosa narrativa con la que reaccionó el titular del Palacio de Hacienda, la corrida que se configuró en los últimos días por la escasez de combustibles en las estaciones de servicio de todo el país es el resultado de una flagrante mala praxis que deja expuesta y en el centro de escena a la política.
¿Por qué? Porque a la hora de asignar responsabilidades, está claro que esa lista está encabezada por funcionarios del área económica del gobierno, del BCRA y directivos de YPF que, casi de manera inentendible, difirieron —presumiblemente por desconfianzas mutuas— la importación de cargamentos de combustible justo en la recta final de la campaña electoral que tiene a Sergio Massa en el ballotage.
A esta altura, frente a la gravedad de la situación actual y a la trascendencia de lo que está en juego en términos políticos, el análisis de la nociva política de precios que aplicó el Ejecutivo, que propició el atraso del importe local de los combustibles y desincentivó la importación a pérdida de combustibles, puede ser considerada una cuestión de segundo orden. Lo realmente llamativo es por qué Lisandro Cleri, vicepresidente del BCRA y hombre de confianza de Massa en la entidad monetaria, Guillermo Michel, titular de la Aduana y una especie de coordinador dentro del Ministerio de Economía, y en menor medida la propia secretaria de Energía, Flavia Royón, se enfrascaron las últimas dos semanas en una discusión financiera con YPF que derivó en que la petrolera no obtuviera los dólares para pagar unos seis cargamentos de combustible importado (de hecho, reprogramó alguno para noviembre) mientras las estaciones de servicio consumían sus stocks de reserva y la Argentina se quedaba gradualmente sin naftas y gasoil.
Igual o más complejo de entender es por qué ninguno de los comisarios políticos de La Cámpora en YPF —el vicepresidente de Asuntos Públicos, Santiago ‘Patucho’ Álvarez, el gerente de Relaciones Institucionales, Santiago Carreras, o la directora de Comunicación, Desiré Cano— alzaron la voz para advertir a los altos mandos del cristinismo sobre la gravedad de la situación.
Al límite
Para que se entienda: la semana que pasó Aerolíneas Argentina estuvo a punto de cancelar o reprogramar unos 10 vuelos de cabotaje por falta de jet fuel de YPF. La petrolera logró descargar a último momento, con varios días de demora, un cargamento de combustible de avión parcelado en un buque de gasoil, que recién este lunes podría empezar a alijarse siempre y cuando aparezcan los dólares. Por eso no se entiende la evidente subestimación en que incurrieron los funcionarios que responden al ministro de Economía, que deberían ser los primeros interesados en evitar sobresaltos en las semanas en que se decidirá quién será el próximo presidente de la Argentina.
¿Cómo es posible no visualizar que el hecho de impedir que YPF descargue seis buques cargados de combustible iba a terminar provocando un problema de abastecimiento? Es sencillamente impensable no vincular una cosa con la otra. ¿Cómo nadie se detuvo a reparar en algo tan evidente si la línea técnica de YPF, que responde al CEO Pablo Iuliano, viene advirtiendo del problema desde hace más de dos semanas?
Existen, además, algunos agravantes que comprometen más a los funcionarios del gobierno. En un escenario de atraso del precio de combustibles como el actual, es esperable que las refinadoras privadas —Raízen, Axion Energy y Puma— no tengan incentivos económicos para traer combustibles del exterior (la Argentina importa estructuralmente alrededor de un 25% de su oferta de naftas y gasoil). Importan a pérdida, si es que lo requieren, sólo los volúmenes para abastecer con lo justo a su red de operadores. Por eso, la responsabilidad de cubrir la demanda recae principalmente en YPF.
Esta dinámica sucede cada año electoral cuando la política decide congelar o pisar los precios en surtidor para no afectar el humor social. Frente a esa realidad, que en algún punto era anticipable, YPF frenó en agosto su refinería en Luján de Cuyo por una parada programada y hoy tiene parada su unidad de topping de la refinería de Ensenada, por lo que puede producir un 30% menos de combustibles que lo usual. A raíz de eso, su capacidad de destilación de derivados medios (naftas y gasoil) se vio resentida en los últimos tres meses.
Cleri cuestionó a la línea técnica de YPF por concretar esas paradas justo al final de la campaña electoral. El vicepresidente del BCRA también se cruzó con Alejandro Lew, CFO de YPF, que fue el encargado de transmitir a principios de octubre que la petrolera se había quedado sin líneas de crédito para pre-financiar importaciones de combustibles. Cleri, al igual que Miguel Pesce, titular del BCRA, no creyeron las explicaciones del directivo de YPF, que quedó debilitado después de tanto tira y afloje.
Más allá de quién tenga razón en esos contrapuntos, lo que no deja de sorprender es la ausencia de un liderazgo superior que se ponga por encima de esos particulares para advertir sobre un riesgo mayor: el seguro desabastecimiento de combustibles si el gobierno en su conjunto no encontraba la manera de pagar los seis cargamentos que YPF preveía importar en octubre y los cuatro que la industria deberá traer en noviembre. Los próximos días marcarán la pauta de la gravedad de la situación. Si como pretende Massa la crisis está resuelta para mediados de la semana, habrá sido un error autoinflingido de alcance moderado en la agenda política. Si, en cambio, como prevén varias fuentes privadas, el reestablecimiento de los stocks requiere de más tiempo, el costo electoral para el candidato oficialista podría ser más mucho más caro.
