Los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Planificación Federal, Julio De Vido, anunciaron que a partir del 1 de diciembre se eliminarán los subsidios que reciben las empresas refinadoras de combustible, procesadoras de gas y biocombustibles y las productoras de agroquímicos, lo cual representará un ahorro de 3468 millones de pesos anuales.
Además, a partir del 1 de enero también se eliminarán los subsidios domicialiarios en los barrios porteños de Puerto Madero y Barrio Parque y en todos los countries del país, medida que reducirá el gasto público en 500 millones de pesos anuales. De Vido aclaró que con las próximas facturas de los servicios de agua, luz y gas se pondrá en marcha un plan de «renuncia voluntaria» y un Registro Único de Usuarios de Servicios Públicos, «para dar total transparencia a los subsidios».
Al anunciar la eliminación de subsidios para un nuevo sector de grandes empresas, Boudou resaltó que la quita se realizará sobre aquellas que «tienen la capacidad para que el costo no impacte en el valor al consumo de los bienes que producen» y aclaró que no afectará a las Pymes, por la menor capacidad de amortización de un sector que fue «el más dinámico en la generación de empleo».
Además, De Vido resaltó que la quita de subsidios a las procesadoras de gas natural no afectará a los volúmenes necesarios para la fabricación de garrafas sociales, para que se mantenga el precio de las mismas. «La Presidenta nos encargó realizar la medida de manera gradual y efectiva», destacó el titular de Planificación.
El ministro de Economía explicó que los principios rectores de la nueva política de subsidios son «la competitividad de la economia argentina, la mejora en la distribución del ingreso y la equidad». Y subrayó que el objetivo es sostener «el desarrollo del mercado interno que permita darle sustentabilidad a la economía, que no es otra cosa que trabajo para la gente».
En cuanto a la eliminación de los subsidios residenciales, los ministros adelantaron que desde el 1 de enero, junto con la quita general en los barrios mencionados, se pondrá en marcha un plan de «renuncia voluntaria» para las personas que estén en condiciones de prescindir de la ayuda estatal en las tarifas de agua, gas y electricidad. Para hacer más efectivo ese plan, apuntaron que se adjuntará una declaración jurada con las boletas de pago de tarifas.
El usuario que no conteste la encuesta será dado de baja y pagará la tarifa plena del servicio en cuestión. En los casos que el subsidio sea requerido se cotejará el pedido con las bases de datos de la Anses y la Afip. Todo quedará publicado en una página web, el Registro Único de Usuarios de Servicios Públicos.
