Un estudio del analista Julián Rojo, del IAE Mosconi, asegura que la aplicación anterior del barril criollo no sirvió ni para producir más ni para generar empleo. Polémica en puerta con petroleras y provincias.
Luego de que el Gobierno inicie negociaciones para fijar un «barril criollo» o precio sostén para el petróleo, a cambio de mantener los niveles de producción y empleo en el sector, llegaron las reacciones y los estudios económicos de impacto de la medida.
El Licenciado en Economía Julián Rojo, responsable del Instituto Argentino de Energía (IAE) Mosconi, analizó en su estudio «El barril criollo frente a una crisis global: Apuntes sobre política energética en la crisis del Coronovirus» que si el precio sostén del petróleo crudo se ubicara en u$s 40 por barril y bajaran los precios al público de los combustibles, se liberaría una masa de recursos por u$s 840 millones.
El IAE Mosconi es presidido por el ex secretario de Energía radical Jorge Lapeña, que se manifestó en contra del «barril criollo» en la anterior oportunidad (2015-2016, con efectos hasta fines de 2017).
Si finalmente Argentina se acoplara a los precios internacionales y el valor vigente a nivel local tuviera un diferencial de u$s 15, «se liberaría una masa de recursos de u$s 2500 millones», sumó Rojo.
«Asumiendo precios internacionales de u$s 40 por barril en promedio para los próximos doce meses, una baja moderada en el nivel de producción y barril criollo en u$s 45, se reducirían regalías a las provincias por u$s 110 millones, Ingresos Brutos por u$s 19 millones, Impuesto a las Ganancias cobrado por el Estado Nacional por u$s 176 millones, retenciones por u$s 70 millones y masa salarial (si se despide a la mitad de trabajadores registrados) en u$s 120 millones durante los próximos 12 meses», expresó Rojo.
Para que los trabajadoras petroleros sigan teniendo ingresos, la mitad de esos casi 65.000 trabajadores registrados en «actividades petroleras» según el Ministerio de Trabajo de la Nación «pueden recurrir al Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para percibir hasta un monto equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por trabajador actualizado a la fecha de otorgamiento, por un plazo de hasta 12 meses destinado a completar el sueldo de su categoría laboral».
En total, por acoplarse al precio internacional de crudo las provincias, el Estado Nacional y los trabajadores tendrían un costo aproximado de u$s 495 millones en los próximos 12 meses, mientras que se liberarían recursos para el consumo en al menos u$s 840 millones, creciente con el diferencial de precios, parte de los cuales estarán sujetos a la aplicación del IVA (21% o u$s 17,6 millones de máxima).
«En este contexto, el precio sostén resulta muy costoso para los tiempos que se vienen porque implica una transferencia de recursos desde los consumidores, con fuertes pérdidas de ingreso por la pandemia, hacia las productoras de petróleo que podría volcarse al consumo a través del efecto en el ingreso (un alto costo de oportunidad)», postuló Rojo, con el aval de Lapeña.
Para ellos, la aplicación anterior del «barril criollo» no tuvo los efectos deseados, porque «la producción de petróleo bajó hasta niveles mínimos en los últimos 30 años, se redujeron las inversiones en petróleo y gas y los puestos de trabajo en la industria no aumentaron».
La propuesta del IAE, sin duda, generará polémica en el sector petrolero, principalmente entre las productoras no integradas de petróleo que se quedarían sin márgenes de ganancia y las provincias, que tendrían que resignar una inmensa cantidad de recursos fiscales.
Fuente: El Cronista/SANTIAGO SPALTRO
