Juraron los integrantes: la oposición peronista tendrá ahora mayoría entre los consejeros del estamento político, por lo que Cambiemos ya no tiene el dominio garantizado del organismo que se encarga de remover jueces y fiscales.
El Consejo de la Magistratura quedó conformado de manera formal ayer con la jura de sus nuevos miembros. Con una relación de fuerzas que no garantiza una mayoría que tome de manera automática decisiones a medida del oficialismo, la integración de este organismo clave en la selección y remoción de jueces y juezas se volvió eje del malestar dentro de Cambiemos. La oposición peronista ahora tendrá mayoría de cuatro entre los seis representantes del estamento político, donde la alianza gobernante perdió un lugar, lo que despertó las quejas del radicalismo que se vio obligado a resignar la banca que venía ocupando el diputado Mario Negri. El último intento por frenar la consagración de este escenario reñido, fue llevado a cabo por el abogado (y ex consejero) Alejandro Fargosi, que hizo una presentación ante la Corte Suprema en la que cuestionó la designación del diputado Eduardo “Wado” de Pedro, pero fue rechazada en forma unánime por el alto tribunal un rato antes de la ceremonia.
Los consejeros que llegan en representación de la Cámara de Senadores son los peronistas Miguel Angel Pichetto y Ada Itúrrez de Capellini, en reemplazo de Rodolfo Urtubey y de Mario Pais, y la senadora radical Olga Inés Brizuela y Doria, en lugar de Angel Rozas. Entre los diputados Cambiemos perdió un lugar: un acuerdo entre el kirchnerismo, el peronismo, el Frente Renovador y el interbloque que lidera Felipe Solá, permitió juntar las firmas necesarias para ser mayoría y poder designar dos consejeros de la Magistratura. El plan original de Cambiemos era que permanecieran en el organismo Pablo Tonelli y Negri. Pero sólo quedó el primero. El radical tuvo que ceder su lugar a Graciela Caamaño. También juró De Pedro en lugar de Rodolfo Tailhade. El principal antecedente para lograr este resultado data de 2015 y fue protagonizado por Cambiemos, que en ese entonces le arrebató un lugar al kirchnerismo cuando a Anabel Fernández Sagasti se le terminó el mandato como diputada pero no el del Consejo. En su lugar terminó asumiendo Tonelli, que consiguió incluso respaldo judicial, en el fuero contencioso administrativo.
Los jueces que se incorporan como consejeros son el de 3 de Febrero Juan Manuel Culotta –muy cercano al abogado de Mauricio Macri, Alejandro Pérez Chada–, el camarista civil Ricardo Recondo –quien ya integró el organismo, siempre con un fuerte discurso antikirchnerista–, y el camarista de San Martín Alberto Lugones, quien difícilmente funcione alineado con el oficialismo. Los nuevos representantes de los abogados son Marina Sánchez Herrero, que llegó con la bendición de Daniel Angelici y del propio Macri y después de una elección interna con denuncias de irregularidades, y el vicerrector de la UBA Juan Pablo Más Velez, ligado a Cambiemos. El académico que ingresa es Diego Molea, rector de la universidad de Lomas de Zamora cercano al oficialismo. Y continúa el representante del Poder Ejecutivo, Juan Mahiques.
De este modo, frente a una mayoría de peronistas opositores en el estamento político, aunque pueda aspirar a cosechar mayoría de voluntades entre los abogados, jueces y el académico Cambiemos no tiene el dominio garantizado en el Consejo. Menos aún lo dos tercios que son necesarios para las decisiones más trascendentes: selección de ternas de jueces y juezas y suspensión y apertura de juicios políticos. Este órgano fue escenario de buena parte de las estrategias de colonización del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, con el impulso de enjuiciamiento a jueces cuyas sentencias no le gustan o mediante designaciones por métodos controvertidos, como los traslados de jueces de un cargo a otro sin concurso ni acuerdo del Senado.
El diputado del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, había explicado la alianza opositora diciendo: “nos unió el espanto a la extorsión, queremos frenar los carpetazos”. A él le respondió el radical Negri, que se vio forzado a dejar su puesto en el Consejo, al decir: “En el Consejo de la Magistratura no se tiran carpetazos, se abren carpetas”. “Este Consejo dio tranquilidad y defendió la independencia de los jueces para investigar a fondo la década más escandalosa de corrupción vinculada al Estado”, insistió en defensa de su performance. Resaltó la auditoría sobre el fuero federal porteño, dijo que contabilizaba 36 juicios políticos y 14 renuncias de jueces, lo que otros leen en algunos casos como factores de presión. Calificó la sociedad entre opositores que a él lo determinó a dejar su lugar como un “arrebato sorpresivo por parte de todas las versiones del PJ”. Desde el sector PRO de Cambiemos, Tonelli, que se queda en el Consejo dijo en el programa Crónica Anunciada: “Lo que hizo la oposición en la Magistratura es perfectamente válido, juntaron la mayor cantidad de firmas y se quedaron con las bancas”. “No sé qué se le ocurre a la UCR para evitar que la oposición se uniera y se quedara con la mayor cantidad de bancas en la Magistratura”, agregó.
El intento por frenar la asunción del diputado De Pedro vino del abogado Fargosi, ex consejero, quien hizo una presentación en la Corte Suprema en la que pedía anular su designación, con el argumento de que en su anterior paso por el organismo completó el mandato de la diputada Stella Maris Córdoba y luego fue elegido como titular, aunque estuvo cuatro meses y se fue para asumir como secretario general de la Presidencia, con Cristina Fernández de Kirchner. “No puede ser elegido en 2018, debe esperar hasta 2022”, “su designación no se ajusta a la ley, que impide su reelección”, insistió el letrado. Pero un rato antes de la jura, prevista ayer a las 18 en la sala de audiencias de la Corte, el propio tribunal resolvió rechazar el planteo por considerarse incompetente.
