La figura del Chief Executive Officer (CEO), el director ejecutivo de máxima responsabilidad, de multinacionales y grupos económicos locales en el gobierno de Mauricio Macri, es una experiencia política inédita en Argentina. Esta decisión no es igual -aunque parezca- a la del gobierno de Carlos Menem cuando entregó el comando de la política económica al Grupo Bunge & Born.
Ahora estos gerentes generales de prestigio en el mundo de los negocios no pasarán a manejar espacios del Estado como delegados directos de las corporaciones que los empleaban, aunque habrá que ver si no irrumpen conflictos de intereses al momento de la gestión, sino que la lógica política del macrismo es la de profesionalizar con managers provenientes del sector privado la administración de áreas del sector público.
Varios otros ejecutivos de segundas y terceras líneas de grandes compañías también fueron convocados a los gobiernos macristas (Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires). Será la CEOcracia del ciclo político que comenzará el 11 de diciembre.
Los principales dirigentes de la CEOcracia de Macri, equipo que puede registrar nuevas incorporaciones, son:
– Isela Costantini, de General Motors a Aerolíneas Argentinas.
– Susana Malcorra, ex IBM y Telecom Argentina ocupará la Cancillería.
– Juan José Aranguren, ex Shell será el ministro de Energía y Minería.
– Gustavo Lopetegui, de LAN Argentina será el secretario de la Jefatura de Gabinete.
– Luis Caputo, ex Deutsche Bank estará al mando de la Secretaría de Finanzas.
– Mario Quintana, del fondo Pegasus (Farmacity, Freddo y Musimundo) se encargará de la Secretaría de Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete.
Se suman también otros ejecutivos que provienen de corporaciones: Marcelo Villegas, director de capital humano de Telecom será el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, y Miguel Puente, director de recursos humanos de Techint ingresará al Ministerio de Trabajo, ocupando el tercer lugar en jerarquía luego del ministro Jorge Triaca (h) y Ezequiel Sabor.
La evaluación sobre el trabajo de los CEO con cargos públicos será en función de los resultados en la tarea diaria de gobierno, pero lo que sí es evidente el mensaje político apuntando a consolidar prejuicios y estigmatizaciones acerca de que el funcionario privado es superior al político o al de carrera estatal. Es una señal similar a la que allanó el camino para las privatizaciones de empresas públicas, como si en las corporaciones privadas no existieran desmanejos financieros, corrupción e ineficiencias, como quedó probado cuando la alianza de bancos acreedores, grupos locales y multinacionales se quedaron con empresas estatales en la década del noventa. El origen de un funcionario (CEO o político) no predetermina su capacidad de gestión, ni tampoco una empresa pública será más eficiente (social y económicamente) si tiene una administración privada, estatal o mixta. La cuestión más importante, y fundamental para esa evaluación, es la orientación política sobre la gestión pública en función a la elección estratégica de qué proyecto de desarrollo de país transitar, dependiente de las potencias (la vieja –Estados Unidos– o la emergente –China–) o con márgenes de autonomía que promuevan la industrialización e inclusión social. Lo relevante son las políticas; no las personas, y luego una buena gestión para alcanzar los objetivos previstos.
El ciclo político del kirchnerismo tiene para todos los gustos en relación a la administración de empresas públicas. Con resultados malos en la distribución de energía eléctrica en el área metropolitana (Edesur y Edenor), y muy malo en la concesión de la administración de trenes con subsidios, gestión modificada a partir de la tragedia de Once de febrero de 2012 comenzando un período de notable recuperación en manos del Estado. Con saldos favorables, en la confluencia de políticos y gremialistas en el manejo de AYSA (aguas y cloacas), pasando por la elección de managers provenientes del sector privado para la gestión de YPF estatal, hasta la conducción con una camada de jóvenes políticos y profesionales que recuperaron Aerolíneas Argentinas, expandiendo económicamente la empresa, cumpliendo un rol social imprescindible de conectividad y disminuyendo el déficit operativo luego del vaciamiento de la compañía durante la gestión privada de Marsans (para eludir confusiones deliberadas es un buen antídoto estudiar el informe de la consultora internacional Oxford Economics sobre AA).
El persistente ataque contra AA por parte de los grandes medios amarillos tiene que ver con intereses de la competencia (LAN) y con la estrategia política de demonizar a la agrupación juvenil La Cámpora. Será el primer gran desafío de Isela Costantini frenar a los fundamentalistas del establishment obsesionados con AA y La Cámpora, como lo hizo en el 50 Coloquio de IDEA en Mar del Plata, el año pasado, con respecto a las criticas descontroladas que sus pares dirigían hacia el gobierno de CFK, y enfrentar el innegable conflicto de intereses que puede irrumpir con el ex CEO de LAN Argentina ocupando un cargo de mucha importancia en la Jefatura de Gabinete de Macri.
El sociólogo Gabriel Vomarro escribió un artículo en la revista Anfibia observando que “los CEO que dominan muchos de los puestos relevantes (en el gobierno de Macri) no expresan tanto la influencia directa de las corporaciones empresarias como la centralidad del ethos managerial con el que quiere refundar la Argentina” el macrismo. Vommaro advierte que “el modo en que este proyecto se combinará con el pragmatismo es una incógnita”. Esta refundación macrista está basada en la concepción económica dominante que tiene como premisa el rol central del mercado y los actores privados en la producción económica. El sentido común de la sociedad es aleccionado acerca de que lo público está asociado con lo ineficiente, lo ocioso, lo inoperante, lo corrupto. Enfrente se alza en el altar de la pureza el mercado y la actividad privada, paraíso de la eficiencia, la transparencia, la honestidad y la productividad.
El politólogo Matías Rhomer explicó en un artículo publicado en el suplemento económico Cash (“Beneficio social”, 12 de julio de 2012) que eso no es así y que ese entramado ideológico ha logrado invertir el orden de los factores. Entonces lo público, ámbito del interés general, ha quedado asociado a fines particulares o partidistas, mientras lo privado, ámbito por esencia de intereses concretos e individuales, se presenta como campo de lo neutral y objetivo. Paradójicamente, lo público queda asociado a aquello expuesto a la manipulación y la falta de transparencia, mientras lo privado, en cambio, es asociado a aquello desprovisto de interés e imparcial. Además de ser un análisis esquemático y prejuicioso, la sencilla tarea de examinar los hechos revela que la cuestión es más compleja.
Un aporte muy valioso para abordar esta profunda transformación en el sentido de la gestión de lo público que está encarando el macrismo lo ofreció el físico Jorge Aliaga, decano de Ciencias Exactas-UBA de 2006 a 2014 y secretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia y Técnica hasta el 9 de diciembre. Escribió sobre la continuidad del ministro Lino Barañao en el gabinete de Macri y las razones de su renuncia a su cargo, pero algunas ideas de su escrito exceden ese caso específico porque avanza sobre la concepción política de la elección de funcionarios de gobierno. Aliaga destaca que “si uno mira los funcionarios que se han designado en diversos cargos encuentra un núcleo de políticos y otro de perfil técnico. La mayoría de los que tienen formación universitaria es egresado de grado o de posgrado de universidades privadas: UCA, San Andrés y Di Tella. Y es una condición humana natural que uno se rodea de la gente que conoce y que la siente de su ‘tribu’”.
Volver a privilegiar el concepto del “técnico” alejado de la “política” en la gestión de gobierno es un retroceso conceptual, cultural y de sentido sobre la administración del Estado. La CEOcracia de Macri comenzó a transitar ese camino.
