Raúl Mac Burney, presidente del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, no pasa su mejor momento al frente del organismo.
El abogado cordillerano Marcelo Macayo reconoció que el titular del IAC está “sindicado” en la causa abierta por la presunta estafa con tierras al poblador Gérez, en la zona de la Horqueta, próxima a Cholila.
Al hombre se le rebanó la parte más costosa de su campo en plena cordillera por una “mensura trucha” que hizo un agrimensor inescrupuloso, sacándole esa propiedad y otorgándosela al vecino para una posterior venta.
Como se trata de tierras cuya titularidad de tramita ante el IAC, la cosa estalló como un escándalo que llegó a tribunales.
Lo llamativo es que la escritura fue visada por la directora de tierras en una repartición que tiene como máximo responsable al ex intendente de Gaiman, Raúl Mac Burney.
Macayo recordó que por esa maniobra hay ocho sindicatos, entre los que figuran “prestanombres”, funcionarios, agentes inmobiliarios y gestores.
Esa maniobra tiene vinculación con otra que involucra a la comuna de Cholila, por la que está imputado el intendente interino, Gustavo Javier Galindo y uno de sus secretarios.
Sobre esto último, el abogado Macayo se mostró sorprendido por la forma en que el intendente electo y actual ministro de gobierno de la provincia, Héctor Miguel Castro, se refirió a él, a quien trató de inescrupuloso y mentiroso, entre otros agravios.
Macayo indicó que él “ya hizo lo que tenía que hacer” insinuando que le iniciará una acción por la vía legal interpretando que esas declaraciones escapan a la figura de la inmunidad de opinión que tiene como funcionario, pues lo ataca en lo personal.
Sin embargo dijo que está desinformado y mezcla un caso con otro.
De cualquier manera recordó que fue el propio gobernador quien avala sus dichos las actuaciones, pues si asegura que el estado se transforma en querellante es porque considera que existieron irregularidades.
Y recordó que el propio procurador general, Jorge Miquelarena, avaló el proceder de los integrantes de ese ministerio público y como si fuera poco el propio fiscal de estado se constituyó en la cordillera para seguir el caso.
