Durante la última sesión, el Concejo Deliberante adhirió en todos sus términos a la ley que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función públicas.
El objetivo es que se capacite a los funcionarios públicos en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo, juzgados de faltas y Tribunal de Cuentas, como así también en los entes autárquicos de la Municipalidad.
La secretaría de Gobierno y Función Pública será la autoridad de aplicación y “deberá trabajar en forma conjunta con la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, la Subsecretaría de Recursos Humanos y la Dirección de Género en la implementación de la misma, pudiendo conformar un comité permanente para tal fin”, según expresa el proyecto.
La adhesión fue trabajada en el marco de la comisión 2 que preside el concejal Pablo Martínez. Además de las distintas áreas incluidas en los poderes nombrados, “se considera fundamental la participación de organizaciones sindicales para el cumplimiento de la normativa”. El proyecto establece un plazo de seis meses para el envío de planes y propuestas de formación a partir de la sanción de la ordenanza, según informa ADNSur.
