Va a incluir diferenciales por zona, y ajuste en planes sociales y subsidios además de disminución en la obra pública.
Según publica el diario Jornada, desde Chubut ya comenzaron las conversaciones con funcionarios del Gobierno Nacional por el Presupuesto 2019 y el fuerte recorte que habrá para las provincias. El martes el equipo económico de la provincia mantuvo conversaciones con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y funcionarios de otras áreas.
Si bien el encuentro fue breve, alcanzó para tener una visión clara del plan de ajuste que busca llevar adelante el Gobierno Nacional. Sin muchas vueltas, Frigerio le explicó al ministro de Economía, Alejandro Garzonio y al subsecretario de Coordinación Financiera, Luis Tarrío, que del total del recorte, un tercio será para la Patagonia: algo así como 100 mil millones de pesos.
Según detalló Tarrío a Jornada, esta reducción presupuestaria de Nación hacia Chubut podría incluir además de las obras, la quita de los diferenciales por Zona, planes sociales y el plus por asignaciones especiales como la del salario familiar, o el adicional que cobran los jubilados de Anses.
Por otra parte, consideró que “lo que dice ahora el Gobierno Nacional que va a hacerse cargo del 66% del ajuste y el resto las provincias, en realidad es porque apunta a otra cosa: a la rebaja de los subsidios que impactará en el gas, el transporte y el resto de los servicios”.
El funcionario provincial se mostró sorprendido por los términos del planteo hecho por las autoridades nacionales y entendió en línea con el gobernador que “habrá que conformar un bloque patagónico para buscar intentar frenar esto, que será muy perjudicial para toda nuestra región”.
El tiempo apremia. Hasta el 15 de septiembre habrá lugar a negociaciones. En ese momento el Gobierno Nacional deberá presentar el proyecto de Presupuesto ante el Congreso con los principales proyecciones y el anexo de las obras.
“Evidentemente lo único que les interesa es bajar el déficit, cumplir con las metas como sea”. Tarrío además dejó en claro que lo que viene el año que viene tampoco será muy alentador, sino todo lo contrario: “Frigerio nos dijo no sólo que los próximos 6 meses serán difíciles, que ya lo habían adelantado, sino que 2019 será terrible”.
El encuentro con Frigerio duró tan sólo 5 minutos. Después pasaron otros funcionarios de Interior que se sumaron: Alejandro Caldarelli y Paulino Caballero. Todo llevó 20 minutos. Tras la breve visita, los funcionarios de Chubut regresaron a la provincia.
Entre hoy y mañana el gobernador Mariano Arcioni continuará con las gestiones en Buenos Aires y están previstos encuentros con el propio Frigerio y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.
Pago a proveedores
En otro orden, el subsecretario Tarrío, salió al cruce de versiones referidas al bono provincial para la cancelación de deuda con proveedores del Estado.
El funcionario dijo que “asistimos una vez más a una serie de inexactitudes de la diputada Dufour”, y desmintió que esté paralizada la operatoria de dicha herramienta: “Los mecanismos necesarios para emitir el bono para cancelar deudas con proveedores, han sido puestos en marcha hace tiempo. El articulado de la Ley es confuso en muchos casos, y eso incidió en que hubiera diversas interpretaciones de algunas cuestiones que fueron analizadas por equipos técnicos tanto del Ministerio de Economía como de la Contaduría General”.
Y agregó: “Han participado de esas reuniones varios abogados que se sumaron para darle marco legal y certidumbre a las interpretaciones contables y económicas, inclusive especialistas en programación con el objeto de definir los programas de acceso para que los proveedores pudieran presentar sus solicitudes”.
Tarrío sostuvo que “atribuimos las demoras en la reglamentación a las dificultades propias del texto de la Ley VII N°82 que es, en gran parte, copia de una ley de emergencia dictada por la provincia del Chubut en los años 90 y que debió ser agiornada para evitar estas dificultades propias de una redacción diferente. Un problema a resolver será sin duda, la cantidad de proveedores que tienen deudas a su favor desde los años 2012/2013 hasta 2017, sin que haya sido generada ni la orden de compra correspondiente ni que exista ninguna constancia de su acreencia”.
“En estos casos, tampoco existe la partida presupuestaria que cobijó esas contrataciones en su momento, ni tampoco existe en el presupuesto actual, situación que obligará a efectuar reformulaciones para adecuarnos a esas realidades”, detalló.
Finalmente, y en referencia al endeudamiento generado por administraciones anteriores, dijo que“hablar de desorden financiero es catalogar livianamente la magnitud del endeudamiento, generado a través de varios años y por diversas administraciones”.
