Los empresarios no cuentan toda la verdad. No todos los pagos ilegales que admitieron ante la Justicia fueron aportes de campaña; no todos los pagos fueron bajo presión; no todo el dinero salió de sus bolsillos personales, sino de sus empresas, y no todo el sobreprecio fue para la política: una parte sustancial fue para ellos mismos, según los testimonios de otros empresarios y ejecutivos que participaron en la cartelización de la obra pública durante los últimos años, sabuesos de la AFIP , auditores, contadores y abogados que accedieron a dialogar bajo reserva expresa de sus nombres.
El primer paso lo dio el ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner. Ante el fiscal Carlos Stornelli buscó imponer esa versión, al declarar como «arrepentido». Por un lado, detalló que la coima era «entre el 10 y 20 por ciento del total de la obra». Por el otro, admitió que las constructoras se cartelizaron. «Las empresas se reunían en los lugares establecidos y determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenían».
Sin embargo, las confesiones de Wagner y otros empresarios son incompletas o parciales, según coincidieron las fuentes consultadas por La Nación. Porque callaron sobre la doble remarcación de los precios y sobre el «doble conforme» de los gobernadores e intendentes, entre otros detalles de la operatoria de «el club de la obra pública».
¿Cómo era la doble remarcación? «El primer paso era conocer de antemano, por contactos, que el Gobierno estaba por llamar a una licitación para la construcción de un puente, por ejemplo, que debería costar 100», graficó un testigo de aquellos encuentros. «Entonces, las constructoras acordaban que iba a costar 120, cuál de ellas iba a ganar y cuáles iban a ‘acompañar’ la licitación, simulando que competían».
Para eso, claro, primero había que conocer qué empresas compraban los pliegos de la licitación. «Eso es fácil, si por 1000 pesos te tiran por izquierda el listado en Vialidad», cortó otro veterano de las lides del club.
Ya con ese listado y la primera remarcación -que los «arrepentidos» callaron hasta ahora-, luego llegaba la segunda remarcación de entre 10 y 20 puntos porcentuales fijados por el equipo de Julio De Vido. Es decir, que el puente terminaba por adjudicarse a un valor de 130 o 140.
Eso explicaría, según algunos de los consultados, por qué Wagner aludió a retornos del 10% al 20%, pero tanto el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich , como el entonces titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel , estimaron que los sobreprecios en la obra pública durante el kirchnerismo fueron de entre el 30% y hasta el 50%.
¿En qué bolsillos terminó la diferencia entre lo que declaró Wagner y los cálculos de Dietrich y de Iguacel? En los de varios receptores cuyas identidades los «arrepentidos» callaron hasta ahora. «Los empresarios se quedaron con una parte, pero no lo pueden admitir porque no serían ‘víctimas’ de los políticos, sino cómplices», contó un exalto ejecutivo de una constructora de ese club.
Esa diferencia de 20 puntos entre el valor real de la construcción de un puente (100) y la primera cotización presentada al equipo de De Vido (120) servía, además, como «colchón» para el empresario ganador, que de allí debía alimentar varias bocas. Entre ellas, las de aquellos constructores que lo «acompañaron» en la licitación simulada, en vez de «ir a la guerra», como le dicen a la idea de competir en la Cámara de la Construcción y la Cámara de Empresas Viales, más conocida como «la Camarita».
De esa primera remarcación también salían los fondos para pagarles a ciertos gobernadores e intendentes de las zonas receptoras de la obra pública. «¿Vos te creés que si vas a una provincia vas a poder construir sin el OK del gobernador del feudo o sin un mangazo del intendente del lugar?», desafió otro empresario que aún no fue citado por la Justicia. «A veces no te piden guita de frente, pero sí que subcontrates a una empresa ‘amiga’ o le alquiles las máquinas a tal o cual, o que les des laburo a sus ‘muchachos’ de la zona», resumió.
Ya con el proyecto en marcha, el cobro de los certificados de avance implicó otro «peaje» que los empresarios también debieron solventar con los fondos de la primera remarcación. «Para cobrar, tenías que tener el ‘doble conforme’. Es decir, que el gobernador o intendente dieran el primer OK a Nación y, luego, que la gente de De Vido te diera el segundo, entonces sí podías ir a cobrar a Vialidad», graficó un protagonista.
A menudo, sin embargo, los llamados para cobrar no provenían de Vialidad, sino del financista Ernesto Clarens, quien así lo confirmó en la Justicia, esta semana, cuando confesó parte de sus acciones con la esperanza de que lo acepten como «arrepentido», aunque evitó dar mayores precisiones sobre los roles de tres funcionarios de Vialidad durante el kirchnerismo: Sandro Férgola, Sergio Passacantando y Gustavo Gentili, quien luego pasó al Occovi en reemplazo del también ahora «arrepentido» Claudio Uberti.
«Férgola le pasaba a Clarens el listado de obras y Passacantando los certificados de obra que estaban para cobrar y era él quien nos llamaba», rememoró un contador, que detalló cuál era la condición que les comunicaba el financista a los empresarios: «El jefe [en alusión a Néstor Kirchner ] quiere dólares». Y de esa exigencia surgía una necesidad para las constructoras: de dónde sacar los dólares para pagar. «O los conseguías por tu lado en alguna cueva o como sea o él [por Clarens] te cobraba el 4% de comisión por encargarse». Y esa tajada también tenía que salir de la primera remarcación, aquella que llevó al puente de valer 100 a 120.
A todo esto, los sabuesos de la AFIP suman otra sospecha. Investigan si los empresarios le mintieron a la Justicia al afirmar que esos pagos ilegales a los políticos salieron de sus bolsillos, ya fuera de sus ahorros personales o como «adelantos de dividendos».
«Varios ‘arrepentidos’ buscaron proteger a sus empresas dejándolas fuera de la operatoria», explicó una alta fuente del organismo tributario. «Lo que estamos verificando es si en realidad están ocultando el uso de facturas apócrifas, de firmas reales o ficticias, por mucho más dinero, que terminaron en los balances de sus empresas, lo que podría traerles más problemas», estimó. Problemas para los ya arrepentidos -porque se caerían sus acuerdos con la Justicia y afrontarían mayores penas-, pero también porque alcanzarían a los restantes miembros de los directorios de sus empresas.
