Se trata de certificados que entregaba el intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodríguez. La Justicia nunca los investigó. En los próximos días se conocería el sobreseimiento de Alberto Fernández y de la primera dama, Fabiola Yáñez.
“Certifico que la Sr. Emanuel Esteban López con DNI 33316829 cumple sus funciones como secretario de la primera dama Fabiola Yañez. La presente se extiende al solo efecto de garantizar su libre circulación hasta el día 17 de julio de 2020”. La leyenda y el formato se repetía en todos los permisos: un sello de Presidencia de la Nación, apenas un párrafo que “habilitaba” a circular y la firma del intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, uno de los mejores amigos del Presidente. Tal como había revelado Infobae en octubre pasado, al menos tres de los participantes de la Fiesta de Olivos circularon con ese papel, aunque no tenía ninguna validez legal. De hecho, los certificados se fueron renovando durante varios meses. Es más, según pudo saber Infobae, tuvieron que exhibirlos en varios controles policiales. Nunca despertaron sospechas.
Emmanuel López trabajó con la primera dama hasta octubre de 2021. La relación no terminó bien. A la Fiesta de Olivos fue acompañado de su pareja, el actor y modelo Fernando Consagra. Ambos comenzaron ofreciendo $150 mil para cerrar la causa pero finalmente tuvieron que depositar $250 cada uno. El acuerdo alcanzado con el discal Fernando Domínguez ya fue homologado por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y ahora esperan el sobreseimiento como la mayoría de los imputados.
La Justicia nunca investigó los permisos “truchos” porque nunca se presentaron en el expediente. Sin embargo, en la causa judicial figura un informe de la Jefatura de Gabinete que revela que cinco de los invitados no tenían un certificado de la aplicación CUIDAR. Ese documento fue pedido por el primer fiscal de la causa, Ramiro González, en agosto de 2020. Luego lo reiteró el juez Lino Mirabelli cuando se disputaba la competencia con la jueza Sandra Arroyo Salgado.
Finalmente, el subsecretario de Gobierno Abierto y País Digital de la Jefatura de Gabinete, Cesar Leonardo Gazzo Huck, informó que cinco de los nueve invitados no tenían un permiso oficial para circular aquel 14 de julio de 2020: Sofía Pacchi, Carolina Marafioti, Emmanuel López, Fernando Consagra y Rocío Fernandez Peruilh.
Infobae tuvo acceso al permiso trucho que usaba López para esa fecha, pero pudo confirmar que al menos otras dos personas tenían un certificado similar. Una de ellas era Pacchi, una de sus mejores amigas de la primera dama hasta el escándalo. Pacchi es una de las cuatro personas que fueron llamadas a indagatoria por la Fiesta en Olivos pero terminó ofreciendo una reparación de $250 mil para no ser procesada.
El abogado de la primera dama, Juan Pablo Fioribello, confirmó que los permisos truchos nunca fueron presentados en el expediente. “No inciden en el causa porque nunca se hizo una presentación al respecto. Desconozco los permisos, no se quién los hizo ni la validez que tienen. Todos mis defendidos tienen acuerdos con el fiscal y homologados por el juez”, respondió.
La causa está a punto de cerrarse para la mayoría de los acusados porque antes de la feria judicial, la Cámara Federal de San Martín rechazó todos los recursos que se habían presentado y le dejó la puerta abierta al juez Mirabelli para sobreseer al Presidente Alberto Fernández y al resto de los imputados que ya tienen un acuerdo homologado.
El Presidente depositó $3 millones el 26 de mayo pasado. Fueron dos transferencias por $1,6 millón y $1,4 millón desde una cuenta personal radicada en el Banco Santander. Para ese entonces, el juez ya había homologado los acuerdos alcanzados por sus abogados y los defensores de su mujer con la Fiscalía. “No se vislumbran razones para sostener que el ofrecimiento realizado y acordado con el Ministerio Público Fiscal, sea inadecuado desde el punto de vista de los requisitos legales que demanda el instituto”, sostuvo el magistrado.
A partir de ese momento, Mirabelli decidió esperar que se resuelvan todas las apelaciones ante la Sala I de la Cámara Federal de San Martín. Uno de esos planteos lo hizo el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, en representación de los padres de Solange Musse, que pretendían ser aceptados como querellante y como “amigos del tribunal”. El mismo tribunal también rechazó los planteos de Paulo Gustavo Vitaver y Soledad Jara, otros dos particulares que venían reclamando ser querellantes, y de la Asociación civil “Conuvive”, que pedía incorporarse como amigo del tribunal.
Los abogados de los imputados esperan una comunicación del juzgado en los próximos días.
