Los economistas caracterizan la macroeconomía actual como un escenario de gran distorsión de los precios relativos, y acumulación de problemas que, tarde o temprano, habrá que afrontar. El sector de combustibles es seguramente uno de los más regulados en el país por su impacto en los bolsillos de los consumidores y en la estructura de costos de las empresas público MDZ.
Así, desde hace casi dos años -algunos estudios indican que incluso más- desde el Estado se interviene postergando aumentos, en un escenario de aceleración inflacionaria y bolsillos sacudidos por los aumentos.
La postergación en la actualización de los impuestos al Combustible Líquido (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) desde hace ya seis trimestres, se ha convertido en una «bomba de tiempo». Es una maraña difícil de resolver el día en que el Gobierno, éste o el que asuma el próximo 10 de diciembre, tenga que «sincerar» los precios al consumidor en un sector tan sensible.
El argumento oficial, tanto del actual gobierno como del anterior, es que los tributos a los combustibles son impuestos al consumo, pero como la demanda de combustibles líquidos es altamente inelástica -no varía el consumo independientemente de subas o bajas en los precios- un aumento en los impuestos a los combustibles se traslada de forma casi lineal a los precios finales en surtidor.
Con este escenario, en el sector consideran que, aunque los precios en surtidor suben a razón de una y hasta dos veces al mes, el peso de los impuestos tuvo una fuerte reducción, no por baja, sino por postergación.
