La Justicia local este jueves prorrogó el periodo de la investigación por la causa de asociación ilícita. Hay 12 imputados entre empleados del IPV y amigos de estos, quienes prometían una vivienda social a cambio de recibir altas sumas de dinero. Uno sólo cumple arresto domiciliario.
Según informa Consello Patagónico juez Alejandro Soñis presidió la audiencia denominada “causa IPV II” o “Sueños Pagos” que tiene como coimputados a Maximiliano González, Griselda Fanny Jonás, Gloria Edith Vargas, Claudia Soledad Britez, Ariel Alberto Villagrán, Marcela Griselda Soria, Luis Alejandro Linco, Exequiel Manuel Villagra, María Elizabeth Monsalve, Patricia Soledad Pereira, Vanesa Ayala y Viviana Millaquen.
El fiscal Héctor Iturrioz solicitó la declaración de causa compleja debido a que las víctimas son 190 personas, quienes fueron engañadas y entregaron importantes sumas de dinero a los integrantes de la banda delictiva.
La declaración de causa compleja conlleva una readecuación del plazo de investigación, de 6 meses a 1 año y 6 meses, es decir, que la causa vencería el 3 de marzo de 2022.
Los distintos defensores no se opusieron a la declaración de causa compleja dado que se daban las condiciones establecidas en el Código Procesal Penal. Existe multiplicidad de imputados, de víctimas, de delitos y “un caso de delincuencia organizada”, calificó el parte de prensa del Ministerio Púbico Fiscal.
El magistrado decretó a la causa como compleja. Después el fiscal solicitó el mantenimiento del arresto domiciliario que cumple el empleado del IPV loca, Maximiliano González. El juez hizo lugar a esa medida hasta el 11 de diciembre.
Los delitos investigados ocurrieron en julio de 2019 cuando el grupo de personas, comandados por un funcionario de la delegación zona sur del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Maximiliano González.
Según la investigación fiscal, todos los miembros de la banda obraron de común acuerdo para cometer ilícitos. Recaudaban dinero mediante la realización de transacciones comerciales ilegales respecto de viviendas sociales construidas, o a construirse, por el IPV donde González era agente.
Los ilícitos ideados fueron comercialización/venta de viviendas de propiedad del IPV ya adjudicadas o dadas en tenencia precaria a sus ocupantes y cuya comercialización estaba prohibida por la ley FONAVI; la venta de legajos personales a los que nominaban comercialmente “Carpetas Adjudicadas”, cuya adquisición era por una suma de dinero.
De esa forma, los acusados sorteaban el procedimiento establecido por el ente rector, utilizaban el sello oval y documentación perteneciente al IPV que fueron robados. Dotaban de apariencia de legalidad a los instrumentos confeccionados por los integrantes de la banda y que entregaban a los ocasionales adquirentes de sus gestiones. También se investiga la falsificación de resoluciones de adjudicación.
