Así lo denunció la encargada de la Oficina de Derechos y Garantías de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de esta ciudad, Miriam Monasterolo, quien indicó que dicha situación se debe al cobro de “peajes” a quienes intentan llegar a quienes más endeble cuentan su condición social.
Monasterolo dijo que de esa manera se ve desvencijado cada uno de los programas destinados a encontrar respuestas a las falencias del sistema social, ya que en determinados barrios el acceso a las viviendas más carenciadas es prácticamente imposible sin franquear barreras de ese tenor.
En diálogo con Radiocracia, lamentó la inseguridad existente en algunos barrios marginales y no tanto de Comodoro Rivadavia, por ejemplo el San Martín, Moure, San Cayetano, Pietrobelli, 30 de octubre, Isidro Quiroga y algunos de zona norte también.
La funcionaria dijo que en algunos sectores en la ciudad donde no se puede ingresar con operadores de las áreas sociales y de salud. Adujo que hay coimas de por medio y eso vulnera sistemáticamente los programas que debieran generar respuestas para la comunidad.
En tal sentido, puso como muestra gráfica que en los departamentos de las 1.008 viviendas, los operadores de salud ingresan en determinado horario con acompañamiento de policía y los operadores de salud no están pudiendo hacerlo. “En otros lados lo que pasa, es que hay balaceras continuas. No es que no permitan el ingreso, sino que por una cuestión de seguridad, los responsables de los programas no pueden permitir que los operadores accedan al barrio”, analizó.
La manta corta
Monasterolo indicó que la policía comunitaria que actuaba en dichos lugares, fue reubicada para trabajar en los retenes, y que allí se hace evidente la escasez de recursos para la fuerza policial, ya que retiraron el trabajo de prevención de los agentes para destinarlo a otro objetivo, catalogado como prioritario.
Por lo tanto, estimó que debiera haber un debate serio acerca de cómo encontrar soluciones a tamaña complejidad, repensando las estrategias de las políticas públicas en las áreas sociales y de salud de acuerdo a las posibilidades de inversión que se puedan contar, ya sea con acciones a corto o mediano plazo.
