Si, como por el momento parece previsible, el Congreso aprueba sin grandes cambios el proyecto que ayer presentó formalmente la presidente Cristina Fernández para expropiar el 51% de YPF, en la «nueva» petrolera, el Estado nacional compartirá la propiedad accionaria en términos casi de igualdad no sólo con las provincias sino, también, con la familia Eskenazi, mientras que la española Repsol pasará a ser un accionista minoritario.
El proyecto enviado al Congreso establece la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera. Y estipula que el total a expropiar sean acciones de Repsol, que hoy tiene el 57,43% de las acciones. A su vez, el texto establece que del total de las acciones a expropiar, el 51% pasarán a manos del Estado Nacional (que ya tiene el 0,02% de las acciones) y el 49%, a las provincias.
Así, si avanza la expropiación, el poder accionario en YPF se dividiría prácticamente en cuartos: uno de ellos para el Estado nacional, otro para el Grupo Petersen de la familia Eskenazi (que conservaría el 25,46% que tiene hoy), otro para las provincias y otro para Repsol junto con los accionistas que compraron las acciones de la petrolera que cotiza en bolsa.
Uno por uno, la participación accionaria quedaría dividida así:
Estado nacional: 26,03 %
Grupo Petersen (familia Eskenazi): 25,46%
Provincias: 24,99%
Repsol: 6,43%
Flotación en las bolsas: 17,09%
Mientras tanto, los accionistas actuales fueron dejados momentáneamente de lado por la intervención que decretó hoy Cristina, a la par del anuncio de la expropiación, al frente de la cual designó al ministro de Planificación, Julio de Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof. Más aún: hoy, entre los propios accionistas, había dudas sobre el futuro de los Eskenazi en YPF y en los mercados ya corrían rumores sobre posibles compradores de su participación accionaria.
La expropiación de las acciones que hoy están en manos de Repsol afectará a intereses diversos, ya que la propia Repsol es propiedad de diversos accionistas, entre los que están el banco La Caixa (12,97%), la constructora Sacyr (10,01), la petrolera mexicana Pemex (9,49%), los bancos BBVA (3,92%) y BNP Paribas (3,32%) y Blackrock (3,07). Un detalle nada menor es que un 57,22% de las acciones de Repsol está dividida entre tenedores que poseen porcentajes todavía menores, en un país, España, en los que es más común la inversión individual en valores bursátiles. Según publicó el periódico español Expansión, Repsol debería recibir por las acciones a expropiar por lo menos 8.200 millones de euros para preservar el valor contable que le asignaba a YPF en sus estados de 2011.
Fuente: Diario Clarín
