Así fue resuelto por la Jueza de Garantías, Ivana González tras dos horas de audiencia preliminar al juicio, donde además considero que la acusación fiscal fue clara y precisa.
González admitió la totalidad de la prueba presentada por la UFE. Y rechazó todos los planteos de ambos defensores. Finalizó su resolución indicando que “no existen nulidades” y que sea un tribunal colegiado quien resuelva la maniobra ilícita investigada.
Los defensores Andres Meiszner (Graciela Cigudosa y Raul Care) y Miguel Moyano (Ariel Hueichan) indicaron que las obras fueron finalizadas y pidieron el sobreseimiento de sus asistidos, además solicitaron la nulidad de las actuaciones.
La UFE representada por su titular Omar Rodríguez y acompañado por la Dra Acuña, acusó a los tres imputados por el delito de defraudación por administración fraudulenta en contra de la administración pública. En el caso de Graciela Cigudosa por 22 hechos y dos tentados, Raul Care, por 22 hechos y Ariel Hueichan 22 hechos. Asimismo, adelanto la pena que pedirá en el juicio, en el caso de Cigudosa, la pena de 3 años y seis meses, para Raul Care, 3 años y seis meses, para Ariel Hueichan, 2 años.
Seguidamente, Rodríguez, una vez más, defendió su investigación y refirió que “en los delitos de corrupción se debe correr el velo para ver la maniobra ilegal y conocer todo el accionar ilícito”. “La actuación de los imputados ha sido dolosa” afirmo. “Un grupo armo un concurso aparente con un solo interés”, esta acción forma parte del nudo del ilícito.
Ahora bien, “lo grave es que se utilizó la ley para bajar fondos por partidas escolares, esta maniobra se hace para no ser detectados, estas contrataciones directas se ejecutan desde el interior del Ministerio de Educación, “es difícil no entrar en un terreno de valoración, pero no es el momento adecuado” finalizo Rodríguez.
La audiencia preliminar por el caso de corrupción y defraudación en el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut termino y la causa se elevó a juicio oral.
Los ilícitos que se investigaron son por sobreprecios y direccionamiento de contratos por la refacción de 24 escuelas.
El perjuicio producido fue estimado en un millón y medio de pesos en perjuicio del Estado Provincial
Los investigadores sostienen que “toda la maniobra estaba pergeñada para lograr un beneficio, un lucro indebido en cabeza de un grupo” y para ello hubo un “plan para evitar ser detectados en el accionar por los distintos órganos de control”. Y que “los instrumentos administrativos firmados por la exministro permitieron abrir el camino para la configuración de la maniobra ilícita”. La partida presupuestaria para la refacción de estas escuelas era superior a los tres millones de pesos.
