Cambiemos pretende dar media sanción hoy al proyecto para penar la violencia en el fútbol y aprobarlo mañana en el Senado. También intentará avanzar con el proyecto que prevé capacitación en perspectiva de género en los tres poderes del Estado.
En uno de sus peores años de producción legislativa, el Congreso tiene un diciembre agitado al ritmo de las prioridades que fija el Gobierno. El escándalo de la frustrada final de la Copa Libertadores hizo que el Ejecutivo prorrogara la sesiones extraordinarias para aprobar el proyecto “antibarrabravas” que incorpora al Código Penal los delitos de violencia en el fútbol: un tema que tratará hoy Diputados y que Cambiemos quiere convertir en ley mañana en el Senado.
Frente a la presión social y del arco opositor, el presidente Mauricio Macri incorporó a último momento al temario la llamada ley Micaela García –en homenaje a la joven asesinada en Gualeguay en abril del año pasado–, que establece una “capacitación obligatoria en perspectiva de género para todos los integrantes de los tres poderes del Estado” y que hoy tratará la Cámara baja. En tanto, el Senado abordará mañana los temas más polémicos. Para empezar, la ley de financiamiento de los partidos políticos, que abre las puertas al aporte de las empresas a las campañas electorales y que el Gobierno quiere implementar en la próxima elección presidencial. Además, la Cámara alta buscará convertir en ley el proyecto que elimina la obligación de la empresa Papel Prensa de comercializar el papel para diarios a un precio único y público.
En medio de los preparativos de seguridad para la cumbre del G-20, la final de la Copa Libertadores entre River y Boca era un tema “menor” que el escandaloso operativo policial transformó en cuestión de Estado. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la encargada de comunicar que el Ejecutivo prorrogaría hasta el 28 de diciembre las sesiones extraordinarias del Congreso, casi con la exclusividad de reflotar y aprobar la ley “antibarrabravas”.
El proyecto “crea un régimen penal y procesal para la prevención y represión de delitos en espectáculos futbolísticos”. El primer intento fracasó en Diputados. Desde la oposición y propios sectores del oficialismo cuestionaron el desfasaje de las altas penas que imponía el proyecto oficial con respecto al resto de las establecidas en el Código Penal.
En la previa, Bullrich recibió en su despacho a los miembros de Cambiemos de la comisión de Legislación Penal. Su presidenta, la radical jujeña Gabriela Burgos, trabajaba contrarreloj para tratar de llegar a un dictamen de consenso que no trabe la sesión de hoy.
Distinto es el derrotero de la ley Micaela García. El proyecto que tiene dictamen unánime de comisión no estaba en las prioridades del Gobierno. Pero el estallido de las denuncias de abuso que sacuden distintos estamentos sociales –incluido el político– y el reclamo de todo el arco opositor, obligó al Presidente a dictar un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial que incorpora la iniciativa surgida desde el colectivo Ni Una Menos al listado para las extraordinarias.
Los senadores tendrán mañana un temario propio que promete ser más áspero. La ley de Financiamiento de los partidos es prioridad para el Gobierno. Pero la resistencia que generó entre sus socios políticos, ante la negativa de la Coalición Cívica de acompañar la habilitación del aporte empresario a las campañas, frustró su tratamiento en la Cámara baja. Tras un acuerdo con el peronismo federal, el oficialismo quiere avanzar con la media sanción en el Senado.
El proyecto propicia el aporte económico hasta ahora prohibido de las personas jurídicas –salvo contratistas y concesionarias del Estado– hasta un 5 por ciento del total de los gastos permitidos para la campaña. También reduce a la mitad los espacios gratuitos cedidos a los partidos en radio y TV, y prohíbe la publicación de encuestas de intención de voto ocho días antes de la elección.
En medio del debate podría surgir un reclamo opositor de penalizar las noticias falsas en Internet y redes sociales. Un tema que preocupa al arco opositor y que apunta a los “trolls” oficialistas.
El otro tema controvertido será Papel Prensa. El proyecto que impulsaron el federal Diego Bossio y el massista Marco Lavagna desregula el precio del papel para diarios para adecuarse al plan de negocios de la empresa que comparten los diarios Clarín y La Nación con el Estado, pero desprotege a un sinnúmero de publicaciones.
