Desde estafas a bancos hasta ñoquis y «elefantes blancos». Los negociados que dejaron a una provincia en jaque. La necesidad urgente de la participación ciudadana para el control sobre la política y los políticos.
Los últimos 20 años en Chubut tienen un tinte amargo cuando hablamos de la función pública y el rol del Estado. Son muchos los ejemplos que constituyen verdaderos hitos de la corrupción del sector público en connivencia con el privado, creando un circuito viciado que se retroalimenta sin fin, como se ha manifestado en la «megacausa» por la estafa al Banco Chubut entre 1999 y 2001, que incluyó el asesinato del periodista Ricardo Gangeme quien investigaba el caso; en los permisos exprés a la minera canadiense para la explotación de oro en Esquel, que luego dieran lugar al histórico referéndum del «NO a la Mina» en 2003; en el proyecto del estadio Centenario de Comodoro Rivadavia, bautizado «el Luna Park de Comodoro», un verdadero «elefante blanco» en la ciudad petrolera presentado en el año 2004 y que 16 años después siguen prometiendo su finalización; la construcción de la doble trocha Madryn-Trelew, anunciada en el año 2006, otra obra que nunca se terminó, pero se inició al menos 3 veces al día de hoy; la compra de la turbina para el fallido proyecto Ingentis, conocido luego como «la tranquera más cara del mundo» en el año 2007, entre otros tantos ejemplos que al día de hoy continúan generando pérdidas millonarias para la provincia, señala hoy una columna del sitio web La Política Online.
La historia sigue, se repite, a veces con hechos que lamentablemente no toman tanto conocimiento público, pero otros salen a la luz, como fue en el año 2017 tras la aparición de un «sobre bomba» en la legislatura provincial que dio origen a las causas por corrupción más importantes de la historia del Chubut, «Embrujo» y «Revelación». El sobre contenía documentación relacionada a gastos realizados durante la emergencia climática que golpeó a cientos de chubutenses, y evidenciaba sobreprecios en compras evadiendo además los mecanismos de licitación correspondientes. En este sentido, la justicia comenzó a desenredar todo un entramado de sobreprecios en la obra pública, sobresueldos a funcionarios públicos y la evidencia de aportes para «la caja política».
En 2019, el escándalo por el acuerdo entre políticos y empresarios que arreglaban licitaciones para la refacción de 24 escuelas de la provincia, terminó con la apertura de una investigación que, entre otros funcionarios, involucraba a la ex Ministra de Educación que actualmente es diputada provincial.
Ya en 2020, la reciente causa «ñoquis calientes», que involucra la designación de asesores y funcionarios que no cumplen función alguna pero que aportarían gran parte de sus sueldos a la famosa «caja política» y, en este caso, también a la «caja personal» de la ex Ministra de Desarrollo Social del Chubut, parece ser solo un recordatorio de las constantes decepciones de la clase política para con los ciudadanos, un mal recuerdo que con ningún esfuerzo siempre se actualiza para reaparecer en escena.
Lucro indebido, asociación ilícita, fraude al Estado, malversación de fondos, son solo algunos de los conceptos del decálogo de la corrupción que tanto daño nos hace a todos. Honestidad, transparencia, trabajo y solidaridad deberían ser los vocablos que nos representen y, aunque parezca increíble, hay que trabajar mucho para lograrlo.
El camino por recorrer es largo, las herramientas que empoderan a los vecinos facilitando la participación ciudadana son claves para ejercer el control activo de la sociedad civil. Asimismo, todo avance en la transparencia de los procesos administrativos del Estado, y toda regulación que tienda a garantizar la independencia de los poderes, resulta fundamental para asegurar el rol de las instituciones en general y el de los organismos de contralor en particular.
