La provincia del Chubut, a través del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, elaboró un Proyecto de normativa para regular el acceso a los Recursos Genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que deriven de su utilización. “Utilización” de los recursos genéticos se refiere al proceso de investigación y desarrollo sobre la composición genética y/o bioquímica que contribuye a incrementar el conocimiento científico, desde investigaciones científicas básicas hasta el desarrollo de productos comerciales que contribuyan al bienestar del ser humano.
La utilización de estos recursos para investigación dependerá de una autorización estatal, es decir, los posibles usuarios de recursos genéticos deben obtener el consentimiento fundamentado previo antes de acceder. La participación en los beneficios está sujeta a obligaciones contractuales reflejadas en condiciones mutuamente acordadas. Si de esa investigación surgiere un uso comercial la provincia a través de la autoridad de aplicación de la ley, se negociará la distribución de los beneficios que pueden ser monetarios, como la participación en las regalías (porcentaje de la facturación por año calendario de las ventas del producto), o no monetarios, en el caso del desarrollo de capacidades para la investigación y el conocimiento, entre otros.
Chubut es una provincia con una gran riqueza en recursos genéticos y diversidad biológica, por lo que resulta muy importante contar con una normativa para su conservación y uso sostenible. Es una provincia proveedora de recursos genéticos.
Mediante esta normativa, en cumplimiento del Art 124 de la Constitución reconociéndose el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, se declarará a los recursos genéticos de dominio público provincial, considerándose un recurso natural. Además, proporcionará medidas reales para asegurar la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad.
En la elaboración de esta normativa y para su puesta en práctica se realiza un trabajo en conjunto con diversas áreas del Estado Provincial que tienen injerencia en los distintos recursos naturales y en la investigación científica. Por ello son y han sido parte de este trabajo encabezado por el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia, los Ministerios de Producción, a través de sus Subsecretarías de Ganadería y Agricultura y de Bosques, el Ministerio de Turismo a través de su subsecretaría de Áreas Protegidas, la Secretaría de Pesca, Secretaría de Ciencia y Tecnología y la intervención de Asesoría General de Gobierno.
¿Qué es el Protocolo de Nagoya?
El Protocolo de Nagoya es un acuerdo internacional del Convenio de Diversidad Biológica. Impulsa notablemente el tercer objetivo del Convenio, ya que proporciona una base sólida para una mayor certeza y transparencia jurídicas tanto para los proveedores como para los usuarios de recursos genéticos. El objetivo del Protocolo es asegurar el reparto justo y equitativo de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos por medio del acceso apropiado, contribuyendo a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. Se aplica también a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos y a los beneficios de la utilización de dichos conocimientos.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Este Convenio es el único instrumento internacional que aborda de manera exhaustiva la diversidad biológica.
Argentina ratifica su adhesión al Convenio sobre Diversidad Biológica mediante la Ley N° 24.375 del 03 de octubre de 1994 y luego adhiere al Protocolo de Nagoya por la Ley N° 27.246 del 26 de noviembre de 2015.
Chubut prueba piloto para la implementación a nivel nacional del Protocolo de Nagoya
Desde el año 2017, se está implementando el Proyecto PNUD 16/G54 “Promoviendo el Protocolo de Nagoya en Argentina” que se está desarrollando en Chubut y en el cual el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable es el punto focal a nivel provincial. Su objetivo principal es contribuir a la implementación a nivel nacional del Protocolo de Nagoya mediante el fortalecimiento del marco nacional normativo de acceso y distribución de beneficios (ABS). El mismo incluye tres componentes que aportan a la conservación de la biodiversidad de importancia global:
- a) Fortalecimiento del Marco normativo de ABS y formación de capacidades para facilitar la implementación de la ley 27.246 (aprobación del Protocolo de Nagoya) a nivel nacional y provincial;
- b) Contribuir a la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos derivados de la población de guanacos, mediante el fortalecimiento de los planes de manejo Nacional y Provincial para la conservación y uso sustentable de guanacos, y la elaboración de un Protocolo de muestreo para el estudio del estado sanitario de la población en la provincia del Chubut;
- c) Proyecto piloto de INTA que utiliza recursos genéticos de guanacos para desarrollar un producto anti-diarreico. El proyecto facilitará, entre otras cosas, el desarrollo y testeo de un producto anti-diarreico basado en nano-anticuerpos VHH de guanaco. Al mismo tiempo, INTA como “usuario” aplicó para el acceso al recurso genético de guanacos silvestres y se negociarán los beneficios monetarios y no monetarios con la Provincia como “proveedora” del recurso.
A pedido de la provincia se incorporó en el primer componente la elaboración de la normativa provincia dado el trabajo que la provincia ya había iniciado en este sentido. El proyecto de ley redactado, que por sobre todas las cosas pretende promover y alentar la investigación que contribuya a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, proporcionar seguridad jurídica, claridad y transparencia mediante un procedimiento operativo, claro y ágil para los usuarios de los recursos genéticos, donde el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable como Autoridad de Aplicación del Protocolo de Nagoya, es quien recepciona la documentación, evalúa los proyectos en forma conjunta con las diferentes autoridades competentes, emite las autorizaciones correspondientes y establece los mecanismos de participación en los beneficios que devienen de su uso.
