Ante la disyuntiva de cómo elegir qué hacer con la misma en tiempos de ajuste, a esta provincia las variantes se le achican notoriamente. Las restricciones de gastos en el sector público plantean un desafío; qué opinan funcionarios y economistas respecto de la definición de qué continuar o interrumpir.
Desde Córdoba, señalaron que el Gobierno nacional todavía no hay definiciones de cómo será el recorte en obras públicas para el próximo año. El presidente Mauricio Macri insiste en que los trabajos «no se paran», pero para cumplir con las pautas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ese es uno de los apartados del gasto a ajustar. Y hay coincidencia en que debería haber un acuerdo entre las autoridades nacionales y los gobernadores sobre cómo cofinanciar y seleccionar las obras, en función de su impacto en la competitividad y en el desarrollo regional.
Cuando las restricciones presupuestarias se hacen más fuertes no se puede seguir «poniendo cemento en todos lados» -como grafican los economistas-, sino que hay que evaluar y calificar las obras con más detenimiento. Así, se mira por ejemplo al sistema chileno, que selecciona las propuestas en función de un ranking de competitividad.
Fernando Álvarez de Celis, secretario de Planificación Territorial del Ministerio del Interior, explicó a La Nación que desde la asunción de Cambiemos se fue pasando de un esquema en el que la Nación aportaba el 100% de los recursos para las obras al actual 70% a 30%: «Avanzamos a un mayor reparto porque si todo es nacional, el trámite pasaba por pedir plata. Con el reparto actual, gobernadores e intendentes son más cuidadosos; somos socios del desarrollo».
El funcionario contó que se está «innovando» con dos municipios, en un modelo en que la Nación aporta solo el 20% de la obra y se ejecutan bajo el formato de contribución por mejora. «Evaluaremos las experiencias; no es sostenible que haya una especie de Papá Noel tirando plata», define.
En el Banco de Proyectos de Inversión Pública (Bapin) que funciona en la Jefatura de Gabinete, hay unas 15.000 iniciativas -desde ideas a proyectos ejecutivos-, impulsadas por diferentes actores. Además, hay distintos programas prefijados a nivel nacional, asociados a indicadores que «permiten ver el impacto» de los trabajos; como el del agua o el del Belgrano Cargas, ambos concentrados en el norte del país.
«Tendemos a que los municipios tengan una planificación estratégica de obras, con una definición de cuáles son las prioritarias para financiar -agregó Álvarez de Celis-. También influye en la decisión el nivel de «maduración» del proyecto. Por ejemplo, señala que Chaco, Neuquén y Salta presentaron muchas propuestas avanzadas, mientras que Chubut está más rezagada. “Se premia a las provincias que tienen más capacidad de generación y de estructuración de iniciativas”.
Desde el Ieral, el economista Jorge Vasconcelos hace referencia al caso chileno y aunque advierte que la estructura federal de la Argentina es diferente, dice hay aspectos a imitar. En Chile, si hay cofinanciamiento por parte de la Nación, las propuestas pasan por el sistema centralizado de evaluación, del que no participan quienes las impulsan.
«Es un organismo técnico; legalmente la obra no se puede empezar si no se cumplen todos los pasos previstos. Los criterios están predeterminados y son sobe múltiples aspectos, desde lo ambiental a los efectos en red de la inversión, la ganancia en productividad que provoca y la masa crítica que alcanza», apuntó.
Ricardo Sánchez, integrante de la Unidad de Servicios de Infraestructura de la Cepal, advirtió que no existe un esquema universalmente aceptado para distribuir fondos públicos en infraestructura, debido no solo a las diferentes necesidades sino a los formatos políticos: «Sin embargo, hay dos aspectos principales, como son el marco en el que se desenvuelven los sistemas de inversión pública o de evaluación de proyectos, y el esquema de planificación y coordinación interna. En general, en América Latina hay una cierta dislocación entre ambos».
Reconoció que los sistemas nacionales de inversión pública (SNIP) suelen contar con capacidad técnica para evaluar inversiones a nivel nacional pero, al mismo tiempo, «la toma de decisión está habitualmente teñida por las urgencias políticas o electorales, lo cual hace menos eficiente la asignación de recursos».
Está demostrado el efecto palanca que tiene la obra pública en épocas de recesión, por lo que las fuentes consultadas sostuvieron que habría que hacer un esfuerzo extra para no frenar las más significativas.
El economista Rodrigo Álvarez, director de la consultora Analítyca, indicó que para «quebrar con la pendularidad» que caracteriza al sector (ligado a los ciclos económicos en el país) debería optarse por la «creatividad» en el financiamiento y el mayor aporte de las provincias mientras «maduran» los acuerdos de Participación Público Privados (PPP).
«Creemos que la Nación mantendrá las obras en ejecución, en particular aquellas que mejoren directamente la competitividad externa por reducción de costos de logística. Y procurará cofinanciar con provincias y municipios la inversión en infraestructura social, incluso en algunos casos con contribuciones por parte de los beneficiarios», definió.
Sánchez evaluó que, en el caso de la Argentina el desarrollo de ciudades «con una híper aglomeración», que requieren de más servicios de energía, transporte, saneamiento y comunicaciones, «va de la mano de la necesidad de diversificar la estructura productiva, lo cual implica repensar la infraestructura logística». Enfatizó que se requiere coordinar jurisdicciones y regulaciones sectoriales y ser «más acuciosos en la planificación, los sistemas de inversión pública y la toma de decisiones».
Álvarez Celis insistió en que la ponderación de todos los proyectos tiene instancias técnicas y políticas: «Hay una definición permanente y es que la Nación no financia edificios públicos. Además del equipamiento social comunitario, todo lo que mejora la logística es primordial».
A criterio de Vasconcelos, hay que priorizar compromisos para que varias provincias se unan y cofinancien obras -junto a la Nación-que favorezcan el desarrollo de una región. «Si por recortes presupuestarios no se puede mantener todo y hay un crecimiento de la coparticipación, hay que comprometer a los gobernadores a que usen parte de esos fondos para infraestructura».
Se invierte menos de lo necesario
Ricardo Sánchez, de la Unidad de Servicios de Infraestructura de la Cepal, le dijo a la nacion que las ineficiencias y otras fallas en la asignación de recursos «exacerban» el hecho de que los presupuestos para infraestructura son escasos respecto a las necesidades de inversión. Según el organismo, en América Latina, la inversión total en infraestructura medida como porcentaje del PIB alcanzó un promedio anual de 2,2% desde 2000 hasta 2015, algo «muy por debajo» de las estimaciones de lo que debería ser.
El funcionario indicó que si el PBI creciera 1,4%, las necesidades de gasto en infraestructura -transporte por carretera y vías férreas, electricidad, telecomunicaciones, agua y saneamiento- equivaldrían a 2% del PBI. De ese total, 0,8% para inversiones en nueva infraestructura, reposiciones y ampliaciones, y el restante 1,2% para mantenimiento y reparaciones. Si el PBI evolucionara 2,5%, las necesidades de gasto en infraestructura ascenderían a 3,5% (2,2% para nueva) y si el producto de la región mejorara 3,2%, la inversión pasaría a 4,7%.
Sánchez subrayó que el modelo PPP exige un compromiso de fondos públicos que van más allá de un gobierno: «Busca mejorar la performance de las inversiones, pero al mismo tiempo enfrenta sus propios riesgos. Por ejemplo, estas decisiones comprometen fondos públicos futuros, restringiendo la capacidad de acción de gobiernos futuros.
