Argentina le pidió a Loretta Preska tiempo para poder diagramar una nueva estrategia en el juicio por el caso sobre la reestatización de YPF. El reclamo del Gobierno de Alberto Fernández, a través de la procuración del Tesoro de Carlos Zannini, llegó al segundo juzgado Sur de la ciudad de Nueva York la semana pasada; y le pide a la jueza el otorgamiento de un plazo de al menos un mes para presentar un escrito en contestación al que el litigante, el fondo Burford, planteó el 8 de diciembre pasado, a dos días de la asunción del nuevo Gobierno.
En esa presentación, Burford radicalizaba su posición contra el país a través de un paper de 44 páginas, destinado a justificar y reclamarle a la jueza que mantenga la causa en los Estados Unidos y rechace el pedido de los abogados que representan al país para que el caso se mude a Buenos Aires. Esta había sido la estrategia del Gobierno de Mauricio Macri, junto con el intento de descalificar ética y moralmente a Burford como demandante. El anterior Gobierno planteaba la potencial existencia de hechos de corrupción en el momento del ingreso de accionistas privados en la petrolera, y la necesidad de avanzar en el juicio en Buenos Aires para dirimir esta posibilidad.
El 8 de diciembre, Burford contraatacó afirmando –según publica Ámbito– que toda la causa debe desarrollarse donde nació la obligación de cumplir con los accionistas que no fueron compensados (el 45% de los tenedores) y donde cotizan las acciones de la petrolera (Wall Street), además de embestir durísimamente contra el Gobierno de Macri (al que describe como administrador de años “de inutilidad”, con la misma saña que contra la gestión de Cristina de Kirchner).
En el medio del escrito, también pone la mira en las posibles decisiones que tome Alberto Fernández, descartando que defenderá la posición de la ex Presidenta. Burford habla también de investigaciones penales y criminales que le estarían haciendo al fondo en la Argentina, y llega al extremo de asegurar que los propietarios y accionistas del fondo, incluyendo sus familiares, no pueden visitar la Argentina por miedo a su seguridad.
Argentina debía contestar a Burford antes que termine el 2019. Sin embargo, el Gobierno de Alberto Fernández decidió reclamarle más tiempo a la jueza, para analizar el caso nuevamente ante el cambio de gestión. Preska ya le había aceptado a la Argentina en septiembre pasado la posibilidad de suspender la causa hasta que pasaran las elecciones presidenciales en el país, y se definiera un próximo Gobierno. Habilitó además al demandante a poder presentar su escrito de defensa durante la primera semana de diciembre, lo que Burford cumplió en tiempo y forma; y Preska otorgó plazo hasta el 6 de enero para que el país conteste. Ahora la Argentina pidió la postergación para reagrupar fuerzas y diseñar una nueva estrategia defensiva. La decisión es ahora de la jueza.
Mientras tanto la procuración del Tesoro que maneja Carlos Zannini deberá resolver cual es la mejor estrategia para avanzar en el caso. Y si mantiene o modifica los argumentos que había utilizado la gestión anterior. Esto último parece difícil, ya que sería una especie de autoinculpamiento por parte del kirchnerismo, el Gobierno que avanzó tanto en el ingreso de accionistas privados y la reestatización de la petrolera. Esta repartición deberá además encarar las causas derivadas por la modificación del cálculo del PBI en 2013 con la consecuente demanda del fondo buitre Aurelius. También el caso por la reestatización de Aerolíneas Argentinas en el Ciadi y el de YPF por el caso Maxus. Entre los cuatro suman demandas por aproximadamente u$s10.000 millones, en casos generados en su totalidad durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner según el cálculo efectuado por el especialista de FinGuru, Sebastián Maril.
El caso por la reestatización de YPF se definirá en primera instancia de los Estados Unidos en 2020, luego que la propia jueza (por lo que se sabe, ya algo cansada por la falta de precisiones y presentación de pruebas desde la Argentina) decidió que la causa continúe este mes, luego que asuma el nuevo Gobierno. Su fallo definitivo se conocerá durante el primer semestre del próximo año, con lo que inevitablemente la administración de Alberto Fernández tendrá que elaborar su estrategia legal en Nueva York.
La defensa presentada por Burford apunta a impedir que el caso se mude a Buenos Aires. El fondo fue acusado el 7 de agosto pasado de “fraude contable”, ante una posible sobrevaloración de las ganancias que le traería al demandante el juicio contra la Argentina. El disparador de estos cambios fue la publicación de un informe de la agencia estadounidense Muddy Waters Research, en el que se acusa a Burford de tergiversar sus resultados “manipulando su rendimiento del capital invertido y la tasa interna de rendimiento, así como el estado de su negocio en general”.
Ese día, y luego de presentar el trabajo, las acciones de Burford Capital se derrumbaron el 46% en la Bolsa de Comercio de Londres. El informe señala en varias oportunidades que Burford escondió los costos del juicio contra la Argentina y que concentra la mayoría de sus activos (inflados) en cuatro causas fundamentales donde la de YPF es, lejos, la más importante. Es ante la necesidad de presentar la correcta valuación que Burford estimó que este caso tendría un valor final, y si se da un fallo positivo para ellos de parte de Preska de un piso de u$s1.700 millones (según el valor de las acciones actuales), o u$s9.000 M si se toma la valuación del día en que se anunció la reestatización, o de u$s6.000 M según la jornada en la que Argentina efectivamente tomó posesión.
Burford Capital había presentado en la Bolsa de Londres, el 25 de julio pasado, su reporte semestral de resultados correspondiente al período enero-junio 2019, en el que, obviamente, el juicio por YPF era el protagonista. Había valuado allí sus activos potenciales en el caso en unos u$s1.000 millones de los aproximadamente u$s3.000 millones que costaría el juicio en el caso de ser negativo para el país. Burford había anunciado, además, que mantenía el 61,25% del caso, y que en sociedad representa a unos 40 inversores privados. La identidad de estos socios se mantiene estrictamente en secreto y desde la defensa de la Argentina se reclama a la jueza Preska que, en el caso de tener que liquidar la deuda (algo que, tal como lo adelantó este diario, no ocurrirá este año), se den a conocer los nombres de todos los litigantes a los que habría que pagar.
En ese informe, que fue puesto en foco por Muddy Waters se menciona además que en el primer semestre de 2019 la compañía cotizante en la Bolsa de Londres obtuvo una ganancia del 36% en sus inversiones de activos, y del 40% en sus ingresos totales. Esta rentabilidad se debe, en gran parte, a la actividad del fondo ante el juzgado de Preska en el caso YPF, dados los avances en el juzgado del segundo Distrito Sur de Nueva York al menos al momento de cerrar el balance de julio pasado. Se mencionaba, además, que esa valuación debía actualizarse (en positivo) durante el segundo semestre, a partir de los avances que descartaba tendría la causa a favor de la posición del demandante.
Hasta junio pasado, el fondo inglés aseguraba que había ganado un 236% en dólares en algo más de cuatro años de vigencia de la causa, luego de que a fines de 2015 comprara el caso en los tribunales de quebrantos de Madrid. Se estimaba en junio que si el fallo final fuera negativo para la Argentina, ganaría hasta un 800%. De tener éxito final, Burford y el resto de los litigantes recibirían por el reclamo entre u$s3.000 y u$s9.000 millones (dependiendo de la decisión final de la Justicia norteamericana), cuando el valor de la petrolera en el mercado ronda los u$s4.000 millones. En el momento de la nacionalización, en 2012, el valor que se determinó que valía la compañía (para calcular el precio a pagarle a Repsol) era de u$s12.000 millones. Burford había comprado a los tribunales españoles la causa de las quiebras de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, por unos u$s15 millones.
Originalmente, el fondo especializado en litigar en el mundo en casos como el de YPF había comprado el 70% de la causa. Actualmente sostiene el 30%, habiendo colocado a unos 40 inversores privados el resto. El 40% que ya vendió lo fue colocando en diferentes momentos del avance del caso, y a medida que se aproximaba el momento actual, su precio iba en incremento, otorgándole a Burford (un especialista en manejar los tiempos de la oferta y demanda de los casos que va litigando) ganancias extraordinarias.
