En la Oficina Judicial de Rawson, hoy debía comenzar el juicio oral y público contra siete imputados en la causa conocida como ‘Ñoquis Calientes’. Sin embargo, el fiscal Omar Rodríguez, titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, solicitó la reprogramación de la audiencia debido a la ausencia de algunos defensores.
El objetivo era evitar futuros planteos que puedan entorpecer el desarrollo del juicio.
Entre los imputados figuran la exdiputada provincial y exministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, junto a Branco Rodera Neira, Facundo Solari Rodera, Marta Rodera, Miguel Reto Reyes, Silvana Cañumil y Jaquelina Rodera. Todos enfrentan graves acusaciones por presuntos actos de corrupción y mal uso de recursos públicos.
El fiscal Rodríguez presentó una revocatoria, solicitando que el juicio no se podía dividir en dos, que debía reprogramarse una nueva fecha con todos los imputados presentes. Los defensores coincidieron con el planteo del fiscal.
«El debate así no puede iniciar», aseguraba Rodríguez.
A su vez, el defensor Romano Cominetti, pidió la suspensión y reprogramación del juicio, para que estén todas las partes presentes. «Parece que serán dos debates sobre el mismo caso», indicó el fiscal Rodríguez. Esto afectaría la acusación.
El juez Carlos Richieri precisó -según publica El Chubut– que el juicio se postergó hasta el 10 de diciembre, debido a los inconvenientes suscitados por la ausencia presencia de los imputados, ya que la gran mayoría estaba vía digital y solo se presentó Otarola, además de otros elementos esgrimidos por la Fiscalía.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal informó que Torres Otarola habría exigido la devolución de parte de los salarios a empleados que ingresaron como asesores en la Legislatura provincial. Además, durante su gestión en el Ministerio de Familia, habría designado a personas cercanas en cargos de alto rango, quienes no residían en la zona ni prestaban servicios al Estado. Estas irregularidades dieron origen al nombre mediático de la causa.
Detalles de las imputaciones
El fiscal Rodríguez imputó a Torres Otarola por fraude a la administración pública en calidad de autora por ocho hechos, tres por concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Respecto al resto de los acusados:
Silvana Cañumil: fraude a la administración pública (un hecho), concusión (un hecho) y dos como partícipe secundario.
Jaquelina Rodera: fraude a la administración pública como partícipe primario en tres hechos.
Marta Rodera: fraude a la administración pública como partícipe primario en un hecho.
Facundo Solari Rodera: fraude a la administración pública como partícipe primario en un hecho.
Miguel Ángel Reto Trelles: fraude a la administración pública como partícipe primario en un hecho.
Branco Rodera Neira: fraude a la administración pública como partícipe primario en un hecho.
El juicio está a cargo de los jueces Carlos Richieri, José Luis Ennis y Marcela Pérez Bogado.
