El fiscal de Comodoro Rivadavia, Héctor Iturrioz, se refirió a la causa denominada ´IPV2´. “Esto se inicia con un funcionario del IPV, Maximiliano González, que con conocimiento cierto de la operatoria del Instituto, comienza a vender casas abandonadas del IPV. González era una persona que tenía un ingreso de 36 mil pesos. Este mismo empleado movió en su cuenta 41 M de pesos y eso a nadie le llamó la atención y obviamente esto estaba vinculado al delito”, sostuvo.
En este sentido, señaló –en diálogo con Radio Chubut– que “se trata de una ´causa compleja´. Llevamos un año de investigación. Pedimos la complejidad porque hay múltiples víctimas, 12 imputados en la modalidad de delitos continuados y unas 700 maniobras. Las denunciadas realizadas fueron unas 200”.
“Esto se inicia con un funcionario del IPV, Maximiliano González, que con conocimiento cierto de la operatoria del Instituto, comienza a vender casas abandonadas del IPV. Después cuando tuvo éxito empezó a vender a futuro, casas que iban a ser adjudicadas”, dijo.
Asimismo, aclaró: “González comenzó a tener otros vendedores. Hay casos lamentables, por ejemplo una persona que se anotó en 1991 con 4 hijos, madre soltera. Ahora tiene nietos y la quieren desalojar de la casa de una Escuela donde vive porque es portera”.
“Otra persona se anotó en Junio y en el mismo mes le dieron la casa, es una persona joven. Para el delito usaban los equipos del Instituto, recibos del Instituto, todo parecía tener viso de legalidad”, indicó.
En este marco, destacó que “Maximiliano González era una persona que tenía un ingreso de 36 mil pesos. Este mismo empleado movió en su cuenta 41 M de pesos y eso a nadie le llamó la atención y obviamente esto estaba vinculado al delito”.
“Con la declaración de causa compleja, la investigación se puede extender hasta 3 años. Nosotros le dijimos al juez que vamos a intentar cerrarla en Diciembre. Lo que tenemos que ver es que no se venza el plazo del juicio que es de 5 años”, expresó.
Finalmente, Iturrioz concluyó que “las maniobras comenzaron en 2018 y terminaron en 2020 cuando hicimos la detención. Acá en Comodoro Rivadavia se dice que es una maniobra conocida, que todo el mundo sabe que cuando se paga, se puede tener una casa”.
