Este jueves se concretó una nueva audiencia de prórroga y revisión por asociación ilícita en la denominada “causa IPV II”.
La causa tiene como coimputados a Maximiliano González, Griselda Fanny Jonás, Gloria Edith Vargas, Claudia Soledad Britez, Ariel Alberto Villagrán, Marcela Griselda Soria, Luis Alejandro Linco, Exequiel Manuel Villagra, María Elizabeth Monsalve, Patricia Soledad Pereira, Vanesa Ayala y Viviana Millaquen. El fiscal solicitó la ampliación del plazo de investigación y se prorrogue el arresto domiciliario que cumple González; por su parte las defensas no plantearon objeción.
El fiscal Iturrioz solicitó la prórroga del plazo de investigación por tres meses y el mantenimiento de la medida de coerción para el imputado González; y el cese de la medida sustitutiva que pesa sobre Jonás. Asimismo se refirió a dificultades en la investigación ya que son 12 imputados y un número de víctimas que sobrepasa las 180 personas. Esto justifica el pedido de ampliación y prórroga de la investigación. Encadenado a esto solicitó se extienda el arresto domiciliario sobre González por el mismo plazo ya que los riesgos procesales se han incrementado.
El defensor de González no ofreció resistencia ni a la prórroga del plazo, ni al mantenimiento de la medida de coerción. En el mismo sentido el resto de los defensores tampoco planteó objeción a la solicitud de ampliación del plazo de investigación.
Finalmente el juez penal resolvió conceder la ampliación del plazo de investigación por tres meses solicitado, el cese de las presentaciones periódicas de la imputada Jonás y el mantenimiento del arresto domiciliario de González por el mismo término.
LA CAUSA CONOCIDA COMO “IPV II”:
El hecho investigado acontece promediando el mes de julio del año 2.019, un grupo de personas, comandados por un funcionario de la Delegación Zona Sur del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (en adelante el IPV) con sede en Comodoro Rivadavia; decidieron asociarse con la intención de cometer ilícitos. Los delitos giraban en derredor de la recaudación de dinero mediante la realización de transacciones comerciales ilegales respecto de viviendas sociales construidas, o a construirse, por el Instituto.
