Antes de lo previsto, el juez Sergio Piñeda elevó a juicio oral y público la causa “Embrujo”. La causa tiene 12 imputados, entre ellos al ex subsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa. Se espera que sean citados a declarar 233 testigos.
Según publica diario El Chubut, los 12 imputados en la causa son: Diego Correa (exsubsecretario de Unidad Gobernador), Diego Luthers (exsecretario de la Unidad Gobernador), Natalia Mac Leod (esposa de Correa), Daniela Souza (responsable de una de las empresas favorecidas), los empresarios Sandro Figueroa, Tato Ramón, Federico Gatica, Rubén “Bedo” Reynoso (ex director de Logística, cuya situación resta definir), Christian Gisande (ex director de Viviendas Oficiales), Giuliana Mc Leod (cuñada de Diego Correa), Darío Correa (hermano de Diego Correa), Jorge Godoy (estuvo a cargo de la obra de la casa de Correa en Playa Unión).
En su resolución, el juez Piñeda rechazó el pedido de nulidad que planteó la defensa y admitió las escuchas telefónicas que constan en la causa como parte de la prueba expuesta por los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez. Son siete las personas que permanecen detenidas mientras que otras cinco transcurrirán el proceso en libertad. El juez admitió la calificación de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociación incompatible con la función pública, lavado de activos proveniente de ilícitos agravado por la habitualidad y uso de persona jurídica y usurpación de autoridad.
Con prisión preventiva seguirán Correa y su pareja Natalia Mc Leod; el contador Gatica; Juan Carlos “Tato” Ramón; Luthers y Sandro Figueroa. Con prisión domiciliaria se encuentra Daniela Souza. En libertad pero imputados se encuentran Christian Gisande; Jorge Godoy; Giuliana Mc Leod y Darío Correa.
Resta definir la situación del imputado Rubén “Bedo” Reynoso quien no estuvo en la audiencia preliminar.
Se espera que al juicio oral y público sean citados 233 testigos, 173 propuestos por la fiscalía y unos 60 por los abogados defensores. El diputado provincial del FPV y uno de los querellantes en la causa, Blas Meza Evans estimó que el juicio podría extenderse por uno o dos meses y el debate sería en febrero.
