El 26 de agosto en Bogotá, Colombia, se dictó sentencia de fondo para el caso de desaparición forzada que el domingo 2 de octubre cumplirá ocho años. Esa sanción se conoció recién hoy, por la mañana, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara responsable al Estado por la violación del derecho a la libertad personal en perjuicio de Torres y por otros apartados de estrecha relación con los DDHH, lo que habla de un uso de la policía por parte del propio Estado como herramienta para esos fines ilegales.
El abogado constitucionalista Raúl Heredia, manifestó que el fallo de los seis jueces fue unánime y ordenó iniciar, dirigir y concluir los procesos necesarios en un plazo razonable para establecer la verdad de los hechos y sancionar a todos los responsables, al tiempo que se debe continuar la búsqueda efectiva de su paradero.
Esto excede a Chubut, que negó toda responsabilidad. Y la Corte dice que abusos policiales de estos, son cometidos de manera frecuente en la provincia, y que considera importante fortalecer las capacidades institucionales del personal policial chubutense. Así, el Estado deberá implementar un programa obligatorio sobre DDHH dirigido a la policía entera de la provincia.
Según explicó Heredia en diálogo con el programa “Luenzo de Una”, por Radiocracia, esto le cabe a los tres poderes porque cuando el sistema falla, se puede hablar de una situación estructural como esta. En la Argentina los casos similares en democracia son contados, pero en Chubut es el primero de su tenor.
Sostuvo asimismo que no se pueden seguir dilatando cuestiones de esta naturaleza. “Hay procesos donde se investiga a Torres como presunto imputado y no como víctima. Tenemos problemas de enfoque en los procesos. Es el más perverso de los delitos conocidos y quita posibilidad de certezas para los familiares”, indicó.
En lo económico, quien se debe hacer cargo de las indemnizaciones por daño moral y otros apartados legales es el Estado Nacional, sujeto internacional para la Corte, que le reclamará una suma superior a los 170 mil dólares a favor del damnificado y/o su familia.
Respaldo jurídico
“En el camino -recordó Heredia- murieron personas que pudieron ser testigos de esta causa de manera sospechosa y luego la Corte tuvo que adoptar medidas de seguridad de protección de varias personas entre ellas mi hija Verónica, y otros abogados y los familiares de Iván, durante los ocho años”, comentó el letrado.
Por último, sostuvo que el Estado democrático no ha podido democratizar, justamente, a las fuerzas policiales; porque la policía se militarizó en la época del Proceso, y no se ha podido hacer el procedimiento inverso. “Hay que meterle mano a fondo, no sólo personas sino cambiar filosofía a través de la política, quitarles la autonomía de gobierno a las fuerzas policiales”, manifestó.
A la madre no le gustó el fallo
“No estoy conforme con el fallo de la Corte. Porque todavía no he leído la sentencia bien pero por lo que he visto, no lo estoy. Para mí es muy pobre el fallo hacia el Estado. Entiendo que esto todavía no termina porque les ha dado plazo de un año pero esperaba otra condena, más severa, y la orden de devolver a mi hijo, inmediata. No dentro de un año cuando recién van a preguntar si cumplieron o no”, dijo María Millacura.
Agregó que va a analizar en mayor profundidad para explicarse mejor. Con este fallo, voy a esperar que el Estado haga algo y no quedarme sólo con eso. Hay otros organismos más grandes. En Argentina obvio que no, me iré a mi país (Chile) o a otro, pero voy a pedir ayuda a DDHH y no me voy a quedar así”, recalcó.
Millacura pregonó la insistencia como forma de encontrar una respuesta que la convenza y dijo que el Estado chileno podría pedirle a la misma Corte que reintegre su pedido a la Argentina para poder mejorar su situación, ya que no quiere que estas cosas se repitan y va a ayudar a que nadie sufra lo que ella pasó.
Caso Iván Torres: la Corte Interamericana condenó al Estado Nacional y al Provincial
El 26 de agosto en Bogotá se dictó sentencia de fondo para el caso de desaparición forzada que el domingo 2 de octubre cumplirá ocho años. Esa sanción se conoció recién hoy por la mañana y declara responsable al Estado por la violación del derecho a la libertad personal en perjuicio de Torres y por otros apartados de estrecha relación con los DDHH, lo que habla de un uso de la policía por parte del propio Estado como herramienta para esos fines ilegales.
El abogado constitucionalista Raúl Heredia, manifestó que el fallo de los seis jueces fue unánime y ordenó iniciar, dirigir y concluir los procesos necesarios en un plazo razonable para establecer la verdad de los hechos y sancionar a todos los responsables, al tiempo que se debe continuar la búsqueda efectiva de su paradero.
Esto excede a Chubut, que negó toda responsabilidad. Y la Corte dice que abusos policiales de estos, son cometidos de manera frecuente en la provincia, y que considera importante fortalecer las capacidades institucionales del personal policial chubutense. Así, el Estado deberá implementar un programa obligatorio sobre DDHH dirigido a la policía entera de la provincia.
Según explicó Heredia en diálogo con el programa “Luenzo de Una”, por Radiocracia, esto le cabe a los tres poderes porque cuando el sistema falla, se puede hablar de una situación estructural como esta. En la Argentina los casos similares en democracia son contados, pero en Chubut es el primero de su tenor.
Sostuvo asimismo que no se pueden seguir dilatando cuestiones de esta naturaleza. “Hay procesos donde se investiga a Torres como presunto imputado y no como víctima. Tenemos problemas de enfoque en los procesos. Es el más perverso de los delitos conocidos y quita posibilidad de certezas para los familiares”, indicó.
En lo económico, quien se debe hacer cargo de las indemnizaciones por daño moral y otros apartados legales es el Estado Nacional, sujeto internacional para la Corte, que le reclamará una suma superior a los 170 mil dólares a favor del damnificado y/o su familia.
Respaldo jurídico
“En el camino -recordó Heredia- murieron personas que pudieron ser testigos de esta causa de manera sospechosa y luego la Corte tuvo que adoptar medidas de seguridad de protección de varias personas entre ellas mi hija Verónica, y otros abogados y los familiares de Iván, durante los ocho años”, comentó el letrado.
Por último, sostuvo que el Estado democrático no ha podido democratizar, justamente, a las fuerzas policiales; porque la policía se militarizó en la época del Proceso, y no se ha podido hacer el procedimiento inverso. “Hay que meterle mano a fondo, no sólo personas sino cambiar filosofía a través de la política, quitarles la autonomía de gobierno a las fuerzas policiales”, manifestó.
A la madre no le gustó el fallo
“No estoy conforme con el fallo de la Corte. Porque todavía no he leído la sentencia bien pero por lo que he visto, no lo estoy. Para mí es muy pobre el fallo hacia el Estado. Entiendo que esto todavía no termina porque les ha dado plazo de un año pero esperaba otra condena, más severa, y la orden de devolver a mi hijo, inmediata. No dentro de un año cuando recién van a preguntar si cumplieron o no”, dijo María Millacura.
Agregó que va a analizar en mayor profundidad para explicarse mejor. Con este fallo, voy a esperar que el Estado haga algo y no quedarme sólo con eso. Hay otros organismos más grandes. En Argentina obvio que no, me iré a mi país (Chile) o a otro, pero voy a pedir ayuda a DDHH y no me voy a quedar así”, recalcó.
Millacura pregonó la insistencia como forma de encontrar una respuesta que la convenza y dijo que el Estado chileno podría pedirle a la misma Corte que reintegre su pedido a la Argentina para poder mejorar su situación, ya que no quiere que estas cosas se repitan y va a ayudar a que nadie sufra lo que ella pasó.
