Caso Correa: imputarían a empresarios por administración fraudulenta

El entramado en el manejo de la obra pública que complicaría a varios empresarios y ex funcionarios del Gobierno provincial. En el marco de las derivaciones de la causa «El Embrujo», los investigadores tendrían apuntados…

lunes 07/05/2018 - 8:22
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El entramado en el manejo de la obra pública que complicaría a varios empresarios y ex funcionarios del Gobierno provincial.

En el marco de las derivaciones de la causa «El Embrujo», los investigadores tendrían apuntados a un núcleo de empresarios que sospechan formaría parte un aceitado «mecanismo», informó El Chubut. Las imputaciones que se manejan en la investigación preliminar son por «cohecho» y «administración fraudulenta».

Sospechan de una «matriz de corrupción que va más allá del Caso Correa y en algún punto se vincula», dijo una alta fuente judicial al matutino trelewense. Podría caberle a los empresarios la figura del arrepentido. Pero para eso tendrán que determinar si fueron «coaccionados» para aportar dinero o hubo complicidad.

Los investigadores avanzarán esta semana sobre la pista de cuatro obras de energía en Trelew, Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, que fueron licitadas el año pasado, costaron 260 millones de pesos y no se terminaron. Este sería el punto de partida para indagar si hubo aportes de empresarios a la denominada «caja negra de la política». Al parecer, hay documentación precisa con nombres de empresas y cifras concretas que datan del año pasado, dijo una fuente.

Las gestiones bajo sospecha fueron realizadas a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia. Aunque más bien creen que habría que hacer una auditoria de esta cartera que abarque los últimos diez años.

En paralelo, la otra deriva del Caso Correa ya tendría apuntado a determinados empresarios de la construcción, ex funcionarios y algún funcionario actual del Gobierno provincial. Los investigadores estarían siguiendo la pista de los «cheques librados por las empresas», dijeron las fuentes.

Estiman que desentrañar las conexiones que pudiera haber por supuestos «retornos», demandará por lo menos un año. Hasta ahora no apareció ningún documento que vincule a gestiones municipales. Por lo pronto, «varios empresarios tendrán que explicar por qué aparecen sus nombres en las listas que fueron secuestradas durante la investigación», dijeron las fuentes.

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