Mariela Uribe, trabajadora estatal, indicó que fue a reclamar por el pago que le debían desde el mes de enero y debido a una discusión que tuvo con el delegado local del Instituto, se rehusó a pasar a la oficina que éste tiene en el fondo del inmueble aludiendo saber cómo se maneja allí a escondidas, por lo que le pidió que fueran adelante, a la vista de todos, donde se generó el hecho que culminó en lo que considera su injustificada detención por parte de la policía.
“Me decía que el pago ya estaba desde enero a marzo, y en el cajero no hay nada depositado. Dice que a él no le importa, que arregle por otros medios que Elsa no tiene más nada más que hablar conmigo; entonces como me enojo, me empieza a empujar porque no tengo más nada que ver con el Instituto, y el personal que trabaja ahí se metió para decirle que la corte. Ahí fue cuando él pidió que me saquen”, contó la damnificada.
Y agregó: “yo me enoje, le empecé a gritar todo lo que nosotros vivimos allí, porque en mi caso particular le dije que no iba a trabajar políticamente para él; que lo que tiene es eso, maltrato con todos. Y ese día cuando mi hija ve que me están agrediendo y queriendo sacar de prepo, le pido a ella que llame a la policía, también mi esposo llama a los medios. Cuando pensé que me llevaban para que vaya hacer la denuncia por las versiones y todo lo que me había maltratado, sacándome a la fuerza, sin embargo no fue así y quedé detenida no solo yo, sino mi marido y mi hija igual”.
“La policía me estaba dando agua para que me tranquilice porque yo le decía que dejaran de utilizar un Instituto para hacer política, que esto no iba a quedar así, que yo iba a iniciar todas las medidas legales porque no puede ser que se maneje de esa manera, pero él puso que habíamos roto cosas, que le habíamos amenazado de muerte, y no es así”, se defendió Uribe.
Señaló en tal sentido en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, que “la denuncia dice que yo lo amenacé de muerte y en realidad le dije que iba a salir a decir todas las sinvergüenzadas que hace utilizando una institución pública, un cargo público que pagamos todos; y el maltrato que tiene con todos nosotros y los empleados”.
“A él ya lo habían denunciado por sacar a la gente de planta de cada lugar para poner a su gente contratada, y que él nos pueda sacar a nosotros los aportes. Después han echado gente, una de mis compañeras la echó estando con la licencia de maternidad porque no le servía políticamente ya que no está a su disposición las 24 horas”, afirmó.
Lo que más lamenta Uribe es que involucró a su hija: “ella es muy educada y respetuosa, nos hizo dormir un día presos, es un cínico al que no le importa nada. Se maneja mafiosamente con la policía o con el polo de poder político que tiene tergiversa y manipula, tratando de bajar todo a favor de él, siempre como que él es el bueno. Y la gente tiene miedo”, subrayó.
Asimismo, sostuvo que ahora su reclamo sigue para saber cómo va a continuar su situación laboral: “este señor fue el 9 de mayo a las 22:30 a mi casa a dejar el contrato, diciendo que me desvinculara y le dije que no iba a renunciar como lo hizo con las otras chicas. Me dijo que él me iba a desvincular pero cuando miro la nota, tenía fecha del 27 de marzo. Maneja los papeles como quiere, tengo una boleta médica presentada que nunca llego a Rawson, incluso”.
Pagar para trabajar
“Hay un aporte voluntario que piden por estar ahí. La que hace el pedido a nombre de Daniel Carrizo es la tesorera Patricia Valenzuela, hay mensajes de WhatsApp donde ella me manda pedir el aporte y que se lo pase a dejar por la oficina. Cuando le pregunto cuánto es, me dice que son por 700 pesos, que es lo que a mí me sacaban. A otros les cobraban 1.000 y hasta 2.000 pesos pero esos no lo van a denunciar porque son sus secuaces”, bramó.
Uribe indicó que “a Carrizo le dije que si quería seguir haciendo que esto, que no le pasara nada de lo que está pasándole a otra gente. Sino, que lo siga haciendo Marcos Rodríguez que es el que le tapa la mugre, que yo no voy a perder el puesto de trabajo por hacerle política a él”.
“Acá había gente que me llamaba para decirme que no hable. Ya estuve presa por denunciarlo, ¿qué más me puede pasar? Si me sucede algo físicamente, a mi casa o a mi familia; el responsable va a ser Daniel Carrizo, el delegado del Instituto Provincial de la Vivienda en Comodoro Rivadavia, de otro no va a haber culpas, porque a su mafia ya la conocemos y están siempre adentro del Instituto”, enfatizó.
La mujer solicitó “que no me traten de tonta ni de sinvergüenza, porque yo estoy trabajando. Él había dicho que me iba a mandar a limpiar y le dije que mi contrato estaba como administrativa, que nadie me lo regaló porque yo estoy en el tercer año de trabajo social, no soy puntera política si no que me sigo preparando e instruyendo, no estoy de regalada en un lugar público”.
“Espero que la Justicia haga justicia y sino, que por lo menos en Comodoro se entere su gente de la calidad de funcionario que tiene, y que los siguen apañando. Yo me voy a reunir con un abogado laboral, y porque no tengo plata tengo el defensor público en lo que es penal. Ya veré cómo sigue esto, lo que sí no voy a dejar que él siga haciendo impunemente todo lo que hace dentro del Instituto, utilizándolo para su beneficio propio”, exclamó.
Finalmente, Uribe dijo que espera que el Gobierno de la Provincia tome parte en esto “porque es una institución pública y todos pagamos para que este señor esté ahí haciendo estás chantadas. Por el momento lo único que puedo hacer, es denunciar lo que a nosotros nos tocó vivir ahí y lo que pasamos todos los días, donde tenemos que estar a disposición de las cuestiones políticas que él hace”.
