En el marco del paro por 72 horas en el transporte de combustibles que el gremio decretó a pesar de la vigencia de la conciliación obligatoria por 15 hábiles dictada por el Ministerio de Trabajo, varios grupos de trabajadores impiden la salida de unos 300 camiones cisterna en destilerías de petróleo de La Matanza, Avellaneda, Campana, La Plata y Junín, además de otras en Tucumán, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Las federaciones que nuclean a los estacioneros aseguraron que los surtidores porteños tendrán reservas por 36 horas.
Debido al bloqueo y las manifestaciones frente a varias empresas, agentes de Gendarmería y Prefectura montaron un operativo de seguridad en los alrededores de esos lugares. El Sindicato de Camioneros leyó esto como una intimidación por parte del Gobierno: «Muchos efectivos de Gendarmería y Prefectura están apostados al fondo del Polo Petroquímico de Dock Sud» en el partido de Avellaneda, dijo el secretario gremial del sindicato, Marcelo Aparicio, frente a la destilería que la empresa Shell Argentina tiene en esa localidad del Gran Buenos Aires. «Si hay represión, vamos a llenar la Plaza de Mayo», advirtió al tiempo que confirmó que la medida de fuerza se extenderá hasta mañana a las 11.
El paro se mantiene, también, a pesar de la advertencia del vicepresidente Amado Boudou de aplicar la Ley de Abastecimiento, una norma que prevé sanciones económicas, la intervención de gremios y hasta prisión de seis meses a cuatro años en casos de «especial gravedad».
La decisión del gremio de parar en el área de distribución de combustibles es producto del fracaso de dos reuniones que mantuvieron con los empresarios del sector en el marco de las paritarias y en las que no hubo un punto intermedio de acuerdo entre el 30 por ciento de incremento salarial que pidió el sindicato que conduce Moyano y el 21 que ofrecen la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga (Fadeeac).
El gremio volvió en esa instancia a exigir al gobierno nacional la eliminación del Impuesto a las Ganancias aplicado a los salarios, al igual que los topes para el cobro de las asignaciones familiares, y reiteró la exigencia de una «compensación de entre 3 mil y 4 mil pesos para cada trabajador», para el caso de que la administración nacional no suprima el gravamen ni permita el libre cobro de las asignaciones familiares.
La medida de fuerza del gremio se inscribe en un «plan de lucha» aprobado por la cúpula del sindicato, consistente en paros por rama, que comenzaron el viernes último con una huelga de 24 horas de los choferes de camiones de caudales. Ese programa contempla también una huelga nacional conjunta de todas las actividades representadas por el gremio, en el caso de no obtener una respuesta positiva a las demandas del sindicato en los próximos días.
