La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), recordó que el 31 de diciembre se cumple el plazo de la estabilidad fiscal prevista en el artículo 16 de la ley Nº 27.264, denominada “Ley PyME”, y que varias provincias adhirieron garantizando no aumentar los impuestos locales.
En un contexto de baja consecutiva anual de las ventas minoristas y un descenso que lleva un acumulado de siete meses de la producción industrial PyME, la caducidad de la medida preocupa al sector y desde CAME piden se prorrogue.
El comunicado de la entidad nacional que preside Gerardo Díaz Beltrán y que representa a 1.491 federaciones, cámaras, centros, uniones empresarias y aglutina a 600.000 PyMEs que dan trabajo a 4.200.000 trabajadores registrados, pide explícitamente que el gobernador de la provincia del Chubut, Mariano Arcioni, prorrogue uno de los artículos de la ley “PyME” con la finalidad de extender la estabilidad fiscal.
El escrito sostiene que a un año del Pacto Fiscal, “mejoró la situación financiera de casi todos los gobernadores aumentando la recaudación tributaria, algunos porque aumentaron los Ingresos Brutos, un impuesto distorsivo que afecta a toda la cadena de producción y comercialización”.
Por eso en septiembre, CAME le pidió a los mandatarios provinciales que cumplan con el Pacto Fiscal firmado a fines de 2017, en el que se comprometían a reducir este impuesto.
Ahora, desde la entidad le piden al gobernador que “extienda la estabilidad fiscal frente a la coyuntura actual y debido a que los cambios contínuos de reglas le quitan previsibilidad y competitividad a las PyMEs que deben enfrentar un costo argentino que les impide subsistir o salir al mundo”.
La situación en Chubut cuenta con un agravante, debido a una deuda que arrastra el Gobierno provincial con más de 600 empresas locales.
Esta deuda sería saldada bajo dos grupos: Las empresas a las que le adeudan menos de 1.000.000 de pesos, cobrarían en efectivo. El pago se tendría que haber concretado a mediados de noviembre, sin embargo un mes y medio después, la liquidación continúa frenada.
Por otra parte, las empresas que registran cobros de deuda por encima del millón de pesos, el gobierno lo cancelaría con la colocación de un título, que aún no comenzó ni siquiera a gestionarse.
