La medida cautelar que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó el 3 de enero contra el capítulo laboral del DNU atenuó las expectativas y la ilusión que tenía el sector privado en torno a ese paquetazo de cambios en la materia, que buscan reducir los juicios laborales y facilitar la creación de empleo. La vigencia del decreto duró menos de una semana. Informó Infobae.
Aunque algunos abogados laboralistas interpretan que es discutible que la cautelar genere un efecto suspensivo en todo el país, lo cierto es que ninguna empresa está tomando medidas como si el decreto estuviera vigente.
Según relevó Infobae, están todas las compañías expectantes, no sólo a la espera de que se defina en la justicia la cuestión de fondo -en la Corte Suprema de Justicia-, sino que también observan con atención lo que sucede en el Congreso, donde se está discutiendo el proyecto de Ley Ómnibus, pero en donde aún no se conformó la Comisión Bicameral que deberá opinar sobre el DNU antes de que sea tratado por las cámaras en el recinto.
Uno de los cambios más relevantes para el sector privado, dentro del decreto, es el que hace referencia a las famosas “multas” que tanto se cuestionaba desde las distintas cámaras empresarias. La norma deroga todas las indemnizaciones agravadas por indebida o deficiente registración, que hasta más que triplicaban el monto a pagar, por lo que a partir del decreto, si el trabajador es despedido sin causa, sólo cobrará la indemnización común por despido.
Otra de las modificaciones incluidas en la reforma es la ampliación del período de prueba de 3 a 8 meses, que según las empresas permite tener más tiempo para conocer al trabajador antes de registrarlo. Son 30 los cambios que propuso en materia laboral el ahora suspendido decreto.
“Los empresarios tienen un enorme optimismo. Cuanto más se analiza el formato del documento, de las reformas, más queda claro que va a generar una enorme cantidad de empleo apenas se reactive la economía. Y si bien la cautelar generó muchas dudas, creen que esto se va a solucionar, o a través del Congreso o a través de la Corte”, dijo un abogado laboralista que asesora a la UIA y a otras entidades empresarias.
Al mismo tiempo, consideró la fuente que los fallos suspensivos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que respondieron a las presentaciones de la CGT y la CTA no rigen para todo el país porque “las hicieron en la justicia nacional que aplica en CABA”.
“Para el interior del país, no es seguro que se encuentre la cautelar vigente. Lo van a discutir, pero en la teoría está vigente”, enfatizó el expero laboral.
La Procuración del Tesoro, que dirige Rodolfo Barra, apeló ante la cámara y solicitó que la causa se derive al fuero en lo contencioso administrativo, ya que hay fallos de la Corte que afirman que si una de las partes es el Estado, tiene que dirimirse en ese fuero. Lo que sostuvo la Cámara Laboral es que las modificaciones del DNU en la materia son tan profundas que merece que sea tratado por el fuero laboral. La cámara reafirmó su competencia, por lo que Barra deberá apelar en queja ante el tribunal supremo.
Línea directa
El DNU provocó la presentación de muchos amparos, los de las centrales sindicales en el fuero laboral y otros tantos en el fuero contencioso administrativo. Pero también hubo uno que fue directamente a la Corte. Se trató del presentado por el gobernador de La Rioja, Ricargo Quintela, quien instruyó a sus abogados a presentar “una acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto”, por producir “perjuicios irreparables a la ciudadanía”.
Frente a esta presentación, el tribunal ya respondió que resolverá el tema en febrero, tras el cese de la feria judicial. Mientras tanto, también le da tiempo a la política a que defina, en el Congreso, si aprueba o no el decreto.
“Viene para largo. Cada caso laboral va a terminar en la Corte. Porque uno va a decir que no está vigente el DNU; otro va a decir que sí. Si la Corte no toma una decisión o el Congreso no avanza, muchos interpretan que el DNU sigue vigente en el territorio de la Argentina o para los trabajadores que están fuera de convenio.
Esta cautelar generó mucha confusión”, precisó uno de los abogados consultados, al tiempo que agregó que “si bien el empresario no va a tomar ninguna decisión ahora para no asumir riesgos, si se presenta un caso de algún trabajador que se considere despedido y quiera cobrar multas, el empresario va a usar el decreto como arma de defensa”.
