Con la compra de este viernes (2/9) la estatal mexicana se quedó con 9.5% de los títulos de la controlante de la principal petrolera argentina. Pemex y la española Sacyr avanzan en un acuerdo para sumar poder en la compañía. Hay preocupación en el Gobierno argentino por cómo puede ésto afectar las inversiones en el país. La confirmación de que la petrolera mexicana Pemex compró más acciones de Repsol, ahora su participación asciende al 9,5%.
Informa la agencia Reuters: «La petrolera estatal mexicana Pemex compró este viernes (2/9) en el mercado un 4,62% del capital de la española Repsol-YPF, que se suma al 5% que ya tenía, en una operación acordada con la constructora Sacyr para incrementar su influencia en la dirección de la empresa.
En una nota al regulador español, Pemex informó de la compra de 56,37 millones de títulos de Repsol-YPF en el mercado.
Pemex y Sacyr habían anunciado a principios de esta semana un pacto para sindicar sus acciones de la petrolera, por el que además la mexicana se comprometía a duplicar su participación en Repsol-YPF.
Con la compra del viernes en el mercado, la participación de Pemex en Repsol-YPF subió a 9,5%.
«La citada adquisición se ha efectuado mediante compras en mercado y a través de operaciones con diversas entidades entre las que se encuentran HSBC, Credit Agricole CIB, Natixis y Grupo Financiero Inbursa. El asesor financiero de esta transacción ha sido Credit Agricole CIB», dijo Pemex en su comunicación».
Luego, El Confidencial de España informa sobre que el gobierno de ese país no pone reparos en el plan de sindicatura entre Sacyr y Pemex para sindicar sus acciones:
«La petrolera pública mexicana, accionista de la española con un 4,86%, ya tiene la financiación necesaria para adquirir el 5% del capital extra que se ha comprometido a sindicar con Sacyr. Tenía un plazo de 30 días para ejecutar esta acción, hasta cerciorarse de que la operación contaba con todos los parabienes oficiales, pero no han sido necesarios. El encuentro con el ministro Miguel Sebastián primero y, sobre todo, los posteriores pronunciamientos de la CNE aprobando el acuerdo han bastado para que la operación siga adelante según lo previsto.
Más que el beneplácito del Ministerio de Industria, la autorización decisiva es la de la Comisión Nacional de la Energía. De acuerdo con las competencias del organismo regulador, el aumento de participación de Pemex y su alianza con Sacyr para designar a un nuevo consejero delegado en Repsol no tiene que ser tratado por el Consejo de ministros, donde el peso de Miguel Sebastián, a pesar de ser un Gobierno en retirada, no es determinante. Si lo es, sin embargo, el pronunciamiento de la CNE, que primero el miércoles y otra vez ayer jueves, ha repetido que la operación no requiere de su autorización.
El principal punto de discordia sobre la actuación de la CNE tiene que ver con el contenido de la función 14. Según este punto, el organismo supervisor tiene competencias para autorizar operaciones de compraventa de participaciones en empresas que desarrollen actividades en una serie de aspectos relacionados con la política energética, como la garantía de suministro o los conflictos de intereses entre compañías que operen en un sector estratégico. Sobre este punto, la CNE, organismo independiente que cuelga bajo las competencias de Industria, ha confirmado que no procede su intervención».
Después, la carta del Gobierno argentino (el Estado cuenta con la acción de oro en YPF para trabar cualquier iniciativa de fondo de la petrolera) a los accionistas de Repsol convocándolos a una reunión para despejar dudas en cuanto a cómo afectará el cambio accionario en las inversiones en la Argentina. Informa El País, de Madrid:
«En la carta remitida al directorio de YPF,, se expresan las dudas que este pacto (N. de la R: entre Sacyr y Pemex para sindicar sus acciones) despierta en el Gobierno argentino y las consecuencias que pudiera tener sobre la antigua empresa estatal.
En la misiva , el Ministerio de Planificación se pregunta por el eventual impacto que pueda existir, en forma directa o indirecta, en YPF, «teniendo en cuenta que esta empresa es estratégica para el sector hidrocarburifero Argentino, llevando adelante el estudio, la exploración y la explotación de yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos, acompañando permanentemente los numerosos esfuerzos del Gobierno Nacional para fomentar la exploración de nuevas reservas de hidrocarburos y el desarrollo de las mismas, a fin de facilitar los recursos necesarios para sostener el crecimiento económico iniciado en el año 2003».
El Gobierno añade que, en este sentido, «surgen ciertos interrogantes que podrían tener vinculación con el interés económico general y con las políticas públicas en un sentido más amplio».
El Estado argentino, en virtud de la acción de oro en YPF, ha pedido que la convocatoria del consejo se celebre el próximo día 9, en la que estén presentes representantes de SacyrVallehermoso.»
Por último, el también español ElEconomista.es habla del aprovechamiento político que podría hacer el gobierno argentino en uso de la acción de oro que tiene en YPF, lo que podría incluir una «nacionalización»:
«El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue con gran atención la evolución de la crisis accionarial que atraviesa la petrolera -principal accionista de YPF-, ya que en el caso de un cambio de control de la petrolera tendrían la posibilidad de pronunciarse sobre la operación e incluso de forzar la venta de la filial argentina.
[…]
Al igual que ocurre en España, Cristina Fernández también tiene ante sí unas elecciones el próximo 23 de octubre, por lo que podría hacer bandera y forzar hasta una nacionalización de la que fue su petrolera de bandera, YPF.
La presidenta, a diferencia del Ejecutivo español, mantiene una acción de oro en el capital de la filial argentina de modo que tiene voz y voto en cualquier operación que afecte a más del 50% de los títulos de esta filial, es decir, a cualquier operación de compra sobre la petrolera española, Repsol, que posee la mayoría del capital de la argentina YPF.
Esta decisión supone que cualquier empresa que intente entrar en la española necesita el visto bueno del Gobierno argentino para no verse forzada a vender YPF, es decir, alrededor de la mitad de la empresa y gran parte de las reservas de petróleo.
Según figura en los Estatutos de YPF, el Estado argentino será el único propietario de las acciones llamadas de clase A. Cualquier venta de estos títulos supondrá convertirlos en acciones de otra tipología y sin los derechos especiales que estas poseen.
La titularidad de acciones A le otorgan al Gobierno poderes sobre YPF. Como por ejemplo que se requerirá el voto favorable de estas acciones para que la sociedad pueda decidir la fusión con otra u otras sociedades; aceptar que la empresa, a través de la adquisición por terceros de sus acciones, sufra una situación de «copamiento accionario consentido u hostil que represente la posesión de más del 50 por ciento del capital social de la Sociedad» o transferir a terceros la totalidad de los derechos de explotación concedidos.
El Gobierno argentino también tiene voz sobre la disolución voluntaria de YPF o el cambio de domicilio social y fiscal de la compañía fuera de Argentina.»
