Un escudo oficial para el fiscal acusado: El oficialismo busca deslegitimar la denuncia presentada contra el fiscal e intenta apuntar contra ex funcionarios detenidos.
Ningún funcionario del Gobierno salió a defender públicamente a Carlos Stornelli, pero está claro que el oficialismo ya cubre con su sombra protectora al fiscal de la causa de los cuadernos, denunciado por presunta extorsión. La que sí se arrojó en su defensa categórica desde el día previo a la publicación de las conversaciones telefónicas y demás documentos es Elisa Carrió. Cerca de la aliada oficial aseguran que está trabajando en silencio para identificar a quienes serían –para el oficialismo– los autores intelectuales de la “operación contra el fiscal”. Aseguran que Carrió saldrá a desenmascararlos y que no serían otros que los kirchneristas procesados en la causa.
Lo mismo, curiosamente, afirmó un columnista en uno de los diarios cercanos al Gobierno. Llegó a sostener que “la Justicia determinó que la operación contra Stornelli salió de la cárcel donde están los ex funcionarios”. No dio detalles sobre el expediente en el que estaría acreditado esto, ni el juez que lo investigaría. El círculo de Carrió no se animó a tanto. Pero el mensaje se parece como dos gotas de agua al que viene emanando del oficialismo desde que se conoció la denuncia contra Stornelli y el servicial abogado Marcelo D’Alessio.
Carrió fue la primera (y casi la única) en salir a defenderlo. “Repudio la operación contra el fiscal Stornelli”, escribió la diputada Graciela Ocaña, una de las pocas que la acompañó. “No me resulta creíble la denuncia contra el fiscal Stornelli”, se sumó ayer el diputado Pablo Tonelli en FM Futurock. La secretaria de Lucha contra la Corrupción (Ajena), Laura Alonso, escribió y borró un tweet al respecto. Eso fue todo.
“El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien responde a La Cámpora, estaría haciendo una operación para ensuciar al fiscal Stornelli. Vamos a poner en conocimiento al juez de la causa”, lanzó Carrió. Luego no volvió a decir nada del tema. En su entorno, sostuvieron que el jueves por la noche “se enteró de que venía esta operación, pero no tenía idea de lo que iban a escribir el día después”. No dieron detalles de cómo fue que supo que iba a aparecer esa noticia en PáginaI12 y otros medios previo a que fuera publicada.
¿Por qué Carrió no habló más? En su entorno, sostuvieron que es porque está reuniendo “la información que le llega” y está “esperando novedades” para salir a denunciar a los autores de la denuncia. Que, para el oficialismo, no son el empresario textil Pedro Etchebest, quien la presentó ante la Justicia, sino ex funcionarios kirchneristas presos. “Se está ocupando Lilita personalmente. Si es como suponemos, va a quedar bastante claro quiénes y cómo armaron esto”, amenazaban desde el entorno de la diputada. “No está claro el rol de D’Alessio”, indicaban, como para advertir que dudan para qué sector político podría estar jugando. Por ahora, no apareció ninguna evidencia que sustente estas versiones que el oficialismo echó a correr. La abogada Graciana Peñafort hizo públicas sus dudas sobre si no se intentará fraguar una escucha ilegal con alguna persona detenida (ver aparte).
No obstante, si bien la causa de los cuadernos tiene un obvio interés electoral para el Gobierno, sus funcionarios no parecieron salir a traspirar la camiseta para salvar al fiscal Stornelli. Algunos hasta lo emparentaron con otra denuncia contra el juez Luis Rodríguez por presuntas coimas. Por estos días, en el oficialismo prefieren recordar que Stornelli fue ministro de Seguridad bonaerense con Daniel Scioli y olvidar la cercanía que tiene el fiscal con el presidente de Boca, Daniel “El Tano” Angelici, sindicado por Carrió como operador judicial del Gobierno.
Mientras tanto, este diario consultó ayer al Ministerio de Hacienda sobre la contratación de D’Alessio como director de Enarsa en 2016 (había estado en la gestión anterior y había sido desplazado). El periódico Perfil publicó que D’Alessio fue removido del cargo dos veces, una vez por el equipo de Axel Kicillof y la segunda por funcionarios de Juan José Aranguren. En los dos casos pesó sobre él la acusación de que había armado un sobrecosto con un seguro internacional sobre los cargamentos de los buques de GNL por 30 millones de dólares, que era innecesario. D’Alessio negó haber sido el autor intelectual de esa medida y sostuvo que de Cambiemos lo expulsaron por recomendarle a Aranguren que se desprendiera de sus acciones de Shell. “Nunca cobré el sueldo”, aseguró, estoico.
