El Bloque Cambiemos presentó una iniciativa para evitar el desdoblamiento de las elecciones provinciales con las nacionales, medida que anunció en los últimos días el gobernador Arcioni. En sus fundamentos se argumenta la crisis financiera que vive la provincia, situación que ameritó la creación de la Ley de Emergencia Económica. La decisión le implicará al Estado un costo aproximado de $70 millones. “Claramente acá no hay un interés colectivo sino que prima el interés del Gobierno”, señaló el diputado Conde.
“Es un verdadero despropósito desde lo político e institucional que el Poder Ejecutivo Provincial pretenda fijar las fechas de las elecciones desdoblándolas de las nacionales”, comenzó expresando el presidente del Bloque, Eduardo Conde.
En este sentido especificó que desde el punto de vista jurídico-constitucional, “no existe ninguna atribución del Poder Ejecutivo para que pueda emitir un decreto fijando las elecciones. El régimen electoral en nuestra Constitución establece la potestad exclusiva y excluyente de la Legislatura para estos fines. La inexistencia de un Código Electoral le permite encubiertamente al Ejecutivo arrogarse esta potestad para fijar la fecha pero esto sería lo propio si hubiera una norma de fondo, y consecuentemente el único rol que cumpliría el Ejecutivo por vía de decreto sería formalizar desde el punto de vista administrativo las elecciones conforme al régimen sustancial. Pero no existe esa posibilidad”, explica.
Ante ello, “invoca la norma nacional del Código Electoral, y sobre esta base pretende fijar las fechas de las elecciones, contradiciendo la manda del ordenamiento nacional que dice que esa fecha es octubre”.
Costo excesivo en épocas de crisis
Por otra parte, remarcó el abogado el alto costo financiero que le generará la decisión de Arcioni al Estado, que ascendería a los $70 millones. “El costo de la elección tendrá que ser solventado por la provincia y no se compadece con la situación financiera que atravesamos”, expresó.
En el proyecto de ley fundamenta que “es de público y notorio conocimiento la gravedad de la crisis económica y financiera que atraviesa la Provincia del Chubut, afectando severamente el funcionamiento de todos los Poderes y organismos del Estado, entre cuyas consecuencias más visibles y emblemáticas se encuentran la imposibilidad de pagar en tiempo y forma los haberes de los trabajadores públicos y los créditos de los proveedores. La situación antedicha extiende sus efectos negativos sobre toda la población de la provincia”.
En el contexto indicado, la Legislatura sancionó la Ley VII N° 81 que declara la emergencia económica, financiera y administrativa del sector público provincial, tendiente a dotar al Poder Ejecutivo de herramientas eficaces para reducir el gasto público, especialmente en cuestiones improductivas o que no impliquen la satisfacción de necesidades prioritarias.
“La profundidad de la crisis impone el deber de todos los Poderes del Estado de contribuir en la adopción de todas las medidas necesarias para contribuir en la eliminación de gastos superfluos o innecesarios. En orden a los antecedentes en la materia que trata el presente proyecto, cabe mencionar que las elecciones de autoridades provinciales realizadas en los años 2007 y 2011 fueron convocadas por el Poder Ejecutivo para fechas distintas de las elecciones nacionales, mediante Decretos N° 457/07 y N° 630/11”, manifiesta.
Argumenta que “la atención se centraliza en el costo que implica para la Provincia del Chubut desarrollar un proceso eleccionario en fecha distinta de la establecida por el Estado Nacional el cual, según estimaciones objetivas, ascendería en la actualidad a $70 millones aproximadamente. En el escenario económico sintetizado, de extrema gravedad y compleja solución, tal gasto no puede ser justificado de manera alguna, por lo que resulta necesario establecer las medidas legislativas necesarias a fin de evitar el dispendio innecesario para las arcas públicas”.
Sin previsión presupuestaria
A su vez, el abogado recordó que no existe una previsión presupuestaria para tal medida. “Estaría fijando el adelantamiento de las fechas de las elecciones para afrontar el Ejecutivo los costos del proceso pero no hay presupuesto ni mucho menos partidas presupuestarias para ese fin. Es una cuestión ficticia”, recalcó.
Interés personal
Además, agregó que el actual Gobernador pretende repetir su mandato, por lo que hay un interés detrás de la decisión. “La única motivación que encuentra el Ejecutivo es velar por el interés sectorial, es decir, el interés del Gobernador que pretende la reelección y piensa que alejándose del escenario nacional sus posibilidades se aumentan, exponiendo al resto del conjunto de los sectores políticos que participaran de la contienda, a este riesgo eventual de hallarse en situación más favorable el titular del Poder Ejecutivo por estar ostentando el Poder y eventualmente utilizar este marco de situación para su beneficio”, subrayó.
“No hay ninguna posibilidad jurídica ni política para darle sustento a esta decisión. Creemos que las herramientas que canalizaremos por el parlamento van a impedir absolutamente la posibilidad que se pueda avanzar con un desdoblamiento para las elecciones. El FPV también impulsó un proyecto para ponerle fecha para agosto a las PASO por lo cual, de aprobarse esta norma, desvirtúa absolutamente toda posibilidad de que las generales se haga antes de esta fecha. Claramente acá no hay un interés colectivo sino que prima el interés del Gobierno”, concluyó.
