Buscan crear una agencia para administrar los bienes provenientes de la corrupción

12/11/2019

Buscan crear una agencia para administrar los bienes provenientes de la corrupción

Un proyecto de ley es impulsado por el Frente Para la Victoria establece la creación de una agencia con el objetivo de que los bienes decomisados en el marco de hechos de corrupción estén bajo el control del Estado y no así del Poder Judicial. 

Cabe recordar que el Superior Tribunal sacó una acordada hace un mes advirtiendo que las confiscaciones estarán en manos de la Justicia.
La iniciativa fue presentada por los diputados Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla del Frente Para la Victoria.

La “Agencia de Administración y Disposición de Bienes y Derechos Patrimoniales”, contará con personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera.

Funcionará en la órbita del Ministerio de Gobierno y actuará en calidad de Autoridad de Aplicación de esta ley, estando a cargo de un funcionario con jerarquía y rango no inferior a subsecretario.

El titular de la Agencia integrará el Consejo Provincial de Defensa de la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Dicha Agencia “tendrá a su cargo el registro, custodia, administración, conservación y disposición de los bienes y derechos patrimoniales, productos e instrumentos que fueran objeto de secuestro, depósito judicial, cautelar previa o decomiso en causas judiciales, como consecuencia de la investigación de delitos o contravenciones”.

En aquellos supuestos en los que la Agencia lo requiera, podrá contar con el asesoramiento y colaboración de los organismos pertinentes en cada materia del Poder Ejecutivo, que deberán brindarle la asistencia correspondiente.

En otro capítulo, el proyecto de ley establece condiciones, trámites, plazos, registración y otras funciones de dicha Agencia, precisando que “ordenado que fuera el secuestro, depósito, decomiso o medida cautelar, los bienes o derechos patrimoniales que constituyan el objeto de la misma, pasarán a la órbita de la Agencia, en el carácter que corresponda”.

Se dispone, además, que el Tribunal, o en su caso el Ministerio Público Fiscal, antes de efectuarse la venta, entrega o destrucción del objeto, podrá disponer la realización de los peritajes o verificaciones necesarias para determinar con precisión su valor y estado. El destino final del bien o derecho, en caso de que no corresponda la devolución, la Autoridad de Aplicación podrá disponer su enajenación si ésta no se hubiera efectuado ya y se cancelará el valor tributario pendiente por pagar con cargo al producto de la venta.

En ningún caso el Estado provincial asumirá el pago de obligaciones tributarias causadas con anterioridad al secuestro, decomiso o cautelar del bien o derecho por parte de la Agencia.

Transparencia y lucha contra la corrupción

El proyecto de ley también focaliza en la creación del Consejo Provincial de Defensa de la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, “con el fin de constituir un ámbito permanente de acción y coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados a esta Ley, que funcionará en dependencias de la Defensoría del Pueblo de Chubut”.

El Consejo estará integrado por el Defensor del Pueblo, el titular de la Oficina Anticorrupción, el responsable de la Agencia de Administración y Disposición de Bienes y Derechos Patrimoniales, y por un representante de la Fiscalía de Estado, el Ministerio Público Fiscal, el Superior Tribunal de Justicia, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo (uno por la mayoría y otro por la minoría), el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, las ONG No Gubernamentales con representación en la Provincia (uno por cada ONG) y ciudadanos inscriptos en el Registro Público.

La reglamentación dispondrá el modo en que, de manera rotativa y por períodos iguales no superiores a dos años, las organizaciones inscriptas integrarán el Consejo.

La coordinación y la presidencia estará a cargo del Defensor del Pueblo de la Provincia y tendrá un presupuesto que será incorporado a la Defensoría.

La financiación será con recursos provenientes de acuerdos de cooperación nacional, internacional, donaciones o subsidios y deberá elaborar y presentar anualmente ante el Poder Legislativo un informe sobre su actuación. 

Compartí