Busca avanzar en las provincias con su reglamento para legalizar el gatillo fácil de la policía. Con discurso de campaña, la ministra de Seguridad defendió su resolución. Los gobiernos de Buenos Aires y de Córdoba se resisten a aprobar el nuevo reglamento. La Capital es probable que se sume, tras quedar expuesta por el fracaso del operativo en el River-Boca.
Envalentonada con el G-20 y con su victoria sobre el (ahora ex) ministro de Seguridad porteño Martín Ocampo, Patricia Bullrich va por más. Ayer buscó avanzar con su nuevo reglamento que permite a la policía el uso de armas letales incluso contra personas no armadas e intentó que lo aprueben las policías provinciales. La tarea no será tan sencilla. En el gobierno bonaerense, que conduce María Eugenia Vidal, tienen dos respuestas: la oficial es que lo están estudiando; la extraoficial es que no lo van a implementar. Idéntica respuesta recibieron del gobierno de Córdoba. En la ciudad de Buenos Aires, que suele actuar en tándem con el de la provincia, señalan que es probable que la Policía de la Ciudad se sume, habida cuenta de que hace poco perdieron un ministro por el fallido operativo en River.
Bullrich continuó ayer con su raid en defensa de la resolución que le permite disparar a la policía incluso sin dar la voz de alto y ante la sospecha de que el supuesto delincuente tenga un arma. Entre las causales, legaliza la posibilidad de disparar por la espalda a un delincuente que esté escapando. “El 99 por ciento de la gente que muere por un arma de fuego en Argentina muere a manos de un delincuente”, afirmó la ministra, sin citar ninguna fuente sobre ese dato. “Así como el gobierno anterior dictaba reglamentos que dejaban indefensos a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad, nosotros dictamos reglamentos que apoyan la seguridad de los ciudadanos y las fuerzas de seguridad”, remarcó la ministra sobre la resolución que, según plantean los organismos de derechos humanos, busca neutralizar cualquier control sobre el accionar policial y especialmente aleccionar al Poder Judicial. Bullrich descartó que intenten declarar inconstitucional el reglamento, dado que “estos reglamentos están planteados en el marco de la absoluta legalidad, y los convenios internacionales que son constitucionales”.
Se sabe: la seguridad será, a falta de la economía, uno de los caballitos de batalla de Macri en su intento de reelección. Y la campaña ya empezó. No obstante, no parece que vaya a serle tan fácil a la ministra estrella conseguir que todas las jurisdicciones adhieran a su reglamento para las policías locales. El primer escollo lo tendrá nada menos con la Policía bonaerense, que depende del gobierno de Vidal. Ante el pedido de que adhieran, hay una respuesta oficial que dieron a este diario desde La Plata: “Lo están estudiando entre el Ministerio de Gobierno, el de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Santiago Cantón. Este documento será analizado por esas tres áreas y le van a elevar una opinión a la gobernadora”. Pero también hay una respuesta extraoficial, que es mucho más corta: “No vamos a adherir”, dicen desde el gobierno bonaerense, donde buscan diferenciarse. “Acá se apostó a la capacitación de la policía”, indicaron.
Vidal y Larreta suelen actuar en tándem ante el gobierno de Macri. Sin embargo, según señalaban ayer en la sede de Parque Patricios, este no sería el caso. “Yo diría que hay muchas chances de que adhiera”, indicaron. Se entiende: el gobierno porteño quedó particularmente golpeado luego del fallido operativo en River, que terminó con la suspensión de la superfinal de la Copa Libertadores y su traslado a Madrid. La puja entre la Ciudad y la Nación por quién había sido responsable –intervino la Prefectura– terminó ferozmente cuando el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, debió salir a admitir la responsabilidad y luego tuvo que sacrificar a su ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo.
Ayer, en Radio con Vos, Bullrich tuvo una polémica con un periodista que le señaló que existieron audios de modulación policial en que le pedían a Prefectura que cortara las calles. “Prefectura estaba ahí y no sabía que tenía que correr a la gente”, dijo Bullrich. Cuando le señalaron que hay modulaciones, respondió: “Está faltando a la verdad. En ningún momento se le modula a Prefectura y se le dice ‘mueva a la gente’”. “Prefectura que corte”, decía el audio de la modulación, según reprodujo la misma radio. Conclusión: Ocampo tenía razón en esto y lo echaron.
“La provincia no usa este protocolo por ahora. Seguramente ahora el ministro de Seguridad bonaerense y la gobernadora María Eugenia Vidal, y la Ciudad lo analizarán”, indicó el intendente de Vicente López, Jorge Macri.
“Lo que hace el cambio de reglamento es dejar bien claro que si un policía hace lo correcto no va a tener consecuencias”, sostuvo.
Tampoco en Córdoba están apresurados por acompañar a Bullrich. El secretario de Seguridad provincial, Alfonso Mosquera, se atajó: “Está bajo análisis su implementación en Córdoba”. “No somos de las provincias que han pedido sumarse”, indicó para poner una saludable distancia con la polémica que protagoniza Bullrich. Mosquera indicó que el “único protocolo que rige en Córdoba son los límites que establece el Código Penal”.
