Más de 100 empresarios fueron procesados por «cartelización» en obras. La causa enlista a las mayores empresas constructoras del país acusadas por la confesión de Clarens. Embargos y otra prisión para Cristina.
Claudio Bonadio comenzó a atar varios de los cabos sueltos que persisten en la causa “cuadernos”: el mismo día rubricó el procesamiento de los “101 Dálmatas” –en su mayoría empresarios de la obra pública acusados de cartelizarse-, la de “corredores viales” y por otro andarivel puso proa a elevar a juicio oral dos tramos derivados del expediente principal, tal como se lo había rogado la Cámara Federal. Cristina de Kirchner acumuló su procesamiento N°13, con prisión preventiva. La acompañan en el procesamiento una centena de empresarios, acusados de asociación ilícita por el reparto de licitaciones entre 2003 y 2015. Tanto para el capítulo de sobornos ligados al sistema de recolección de dinero surgido de los escritos del exchofer Oscar Centeno como para lo referido a los fondos que recibió y manejó el exsecretario presidencial Daniel Muñoz y que fue triangulado al exterior, el juez inició la ronda de consultas para que se clausure la investigación con “celeridad”. El de Muñoz, con varios arrepentidos y con una pista concreta sobre la ruta del dinero que terminó en Turks&Caicos es el segmento con mayor nivel de prueba.
La “cartelización” es la hipótesis verdaderamente central de la trama, alimentada por la confesión del financista Ernesto Clarens sobre las visitas de constructores para pagar sobornos. Sin embargo lo que se concluyó es que los directivos intermedios y dueños de constructoras fueron linealmente responsables por las sumas que declaró Clarens, junto a los listados que aportó. Accionistas, directivos y empresarios fueron cruzados con esos listados para adjudicarles la cantidad de pagos en concepto de adelantos financieros que recibían y que terminaban bajo el formato de “retornos”. A su vez, se utilizaron cruces telefónicos de los abonados registrados para cruzarlos con los de los exfuncionarios ligados al Ministerio de Planificación, en fechas estimadas clave para los pagos. Incluidos los teléfonos de Clarens. Lo mismo, se utilizaron como prueba correos electrónicos entre los integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción relativos a discusiones por redeterminaciones, costos, y a los resultados de diversas reuniones y mensajes supuestamente intercambiados con funcionarios (especialmente José López) y acerca de cómo decodificaban esas “señales” que recibían. No hay alusiones explícitas a cuestiones ilegales. De todas formas, están enlistadas las principales empresas de la Argentina con lo que Bonadio entendió son las pruebas de cargo que sostendrían la acusación. Para la lectura avezada, la resolución no está exenta de contradicciones en algunos tramos sobre responsabilidades adjudicadas por determinados hechos y desestimadas en otros de similares características.
La síntesis del fallo: “la prueba recolectada hasta el momento permite afirmar que funcionarios públicos -que conformaban los más altos estamentos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y que actuaban en connivencia con la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional-, periódicamente recibían pagos por parte de empresas (principalmente viales), a cambio de que se les asignaran obras públicas; ello, en el marco del sistema de recaudación ilegal ya señalado”. En rigor, existen entremezcladas en las declaraciones indagatorias, varias admisiones por parte de empresarios de dinero entregado, aunque no en todos los casos. Casualidad o no, Bonadio redactó la resolución en 678 carillas.
En total, Bonadio detectó pagos de 69 empresas con un cálculo aleatorio según las UTE “de $1.038.867.963,447 y de u$s67.315.669,618, que habría sido percibido por los funcionarios públicos, para el caso de las 20 obras viales”. Entre los procesados, además de Cristina están Julio De Vido, López, Clarens, Germán Nivello y los integrantes de Dirección Nacional de Vialidad Sergio Passacantando, Sandro Férgola y Nelson Periotti. Los Cartellone, el histórico directivo de las empresas SOCMA, Santiago Altieri, Ángelo Calcaterra, el primo presidencial; Mario Rovella; los representantes de Perales y de Losi; Gustavo Weiss, Mario Maxit, Lázaro Báez, Benito Roggio, fueron la pata empresaria procesada, entre muchos otros. Eduardo Eurnekian y Manuel Santos Uribelarrea obtuvieron falta de mérito.
Por el tramo de “corredores viales”, basados casi exclusivamente en la controvertida confesión del ex OCCOVI Claudio Uberti se siguió un procedimiento similar sobre la composición accionaria de las empresas concesionarias, cruzadas con el arrepentimiento impreciso que hizo el exfuncionario. Hubo una tanda de procesamientos ampliados y la falta de mérito para entre otros, el hermano del presidente, Gianfranco Macri.
Bonadio comenzó a cerrar gran parte de los pendientes que venía arrastrando como desprendimiento del expediente principal que apunta ahora a un trámite en el que fiscalía querellas y abogados deberán opinar para que el proceso no se trabe. Se mantendrá la expectativa sobre cuál es el efecto concreto que los embargos sobre las empresas tengan, quizá único efecto palpable de manera inmediata sobre las alicaídas finanzas de las constructoras más importantes del país, todas involucradas en el affaire.
