El arreglo por el default de los bonos soberanos que implementó el gobierno al asumir sirvió para reactivar el endeudamiento con la comunidad financiera internacional y hasta ahí no más. Consistió en comprarles a los principales fondos buitres acreedores títulos con o sin sentencia por US$ 4.635 millones en efectivo, más los honorarios de los estudios jurídicos, a cambio de retirar la demanda del tribunal de Nueva York. Era un acuerdo negociado en forma privada hacía más de dos años, cuando CFK estaba al frente de la Casa Rosada. El operador central, Eugenio Bruno, fue nombrado funcionario hasta hace poco y antes de irse elaboró un informe final sobre la solución adoptada con la deuda, que fue presentado en la SEC de USA como prueba de buena voluntad de cumplimiento de los compromisos por parte del país, en el cual se decía que los juicios se habían reducido a 90 casos y quedaron pendientes de resolución US$5.100 millones. «Se equivocó muchísimo. Tienen que negociar y pagarles», es la conclusión que saca un relevamiento hecho recientemente por el analista Sebastián Maril, de Research for Traders.
Resulta que son más de 200 las causas abiertas entre la corte del distrito sur de Nueva York, Florida, Alemania, el Ciadi y la ONU, que contabilizan más de US$9.000 millones, sin contar los US$3.500 millones que se sumaron en reclamo de la cláusula pari passu. La liebre volvió a saltar con el inminente fallo en contra de Argentina en la demanda del fondo Bulford por la expropiación de las acciones de YPF, cuyo costo excede los US$3.500 millones. Atrás hay varios otros reclamos ante el tribunal Ciadi del Banco Mundial que engrosan la cuenta pendiente y, terminadas las instancias de apelaciones, quedarían como remanente de un arreglo parcial con algunos acreedores que quiso hacerse pasar como solución definitiva.
El ex subsecretario de Asuntos Legales y Regulatorios, Eugenio Bruno, entró al gobierno de Mauricio Macri con un arreglo extrajudicial precocido con los principales fondos buitres acreedores desde que iba a Nueva York como abogado del estudio Garrido.
Recomprarles a esos poderosos grupos inversores bonos en default mediante el pago cash de US$ 4.635 millones evitó que prosperaran demandas en la Justicia neoyorkina por esas tenencias, y la comunidad financiera internacional reabriera el crédito, pero dejó sin resolver 124 juicios pendientes en la corte del distrito sur de Nueva York, Florida, Alemania, el Ciadi y la ONU, que totalizan más de US$ 9.000 millones, según el estudio que acaba de realizar el analista Sebastián Maril, de Research for Traders.
Y eso que el relevamiento se queda corto, ya que no incluye US$ 3.500 millones reactivados por la aplicación de la cláusula pari passu, a partir de que acreedores que habían entrado en canjes exigen ser resarcidos en las mejores condiciones acordadas con los fondos buitres luego de ser reemplazada la ley cerrojo que blindaba esas condiciones por una nueva que habilitaba el acuerdo entre la Administración Macri y los poderosos grupos liderados por Paul Singer.
El informe coincide con el escándalo que saltó ante la perspectiva de que el fondo Bulford, perteneciente al grupo Petersen, de la familia Eskenazi, tenga una sentencia favorable en Nueva York ante la demanda presentada por la estatización de las acciones de YPF, que podría costarle al país US$ 3.330 millones.
Reactualiza asimismo el reporte conocido como F18K que la cartera de Finanzas presentara a principios de año a la SEC norteamericana, elaborado por el entonces ex funcionario Bruno, según el cual, basándose en los informes de gabinete previos, el incumplimiento de sentencias y juicios bajó durante la gestión macrista de más de 140 a 90.
Pero como el eje del pretendido arreglo para salir del default consistía en cumplir los compromisos privados negociados previamente, en la práctica dio por perdidos juicios que aún no tenían sentencia y dejó de lado muchos de los arreglos homologados por el tribunal neoyorkino, con lo cual los que tenían sentencia no desistieron y los juicios continuaron.
El recuento efectuado por Finanzas ante la SEC reconoció que aún había juicios abiertos contra el país por unos US$ 5.100 millones.
Según Maril, serían US$ 9.000 millones y no 90 sino más de 200 causas en marcha (entre juicios de empresas y de bonistas), a lo que los abogados que pleitean por el pari passu añaden otros US$ 3.500 millones en disputa. O sea que a la rendición de cuentas realizada hace apenas 6 meses desde la ahora reabsorbida cartera de Finanzas le faltarían contabilizar nada menos que US$7.400 millones repartidos por distintos estrados judiciales.
Es una bomba de tiempo que venía denunciado Urgente24 y ahora ratifica en parte el informe de RfT: «la Argentina está empezando a experimentar un sentimiento persistente de que los problemas legales sin resolver fuera del territorio puedan escalar pronto en algo tan importante que pueda trastornar el precio de los bonos, ya golpeados por los eventos recientes», alerta.
«Si bien por ahora el daño potencial está bajo control, la administración de Macri ha sido advertida una y otra vez a que frene la mayor parte de los reclamos internacionales antes de que compliquen a lo que de otra manera sería una economía estable», señala el documento.
El experto recomienda al Gobierno que preste atención a los holdouts que aún quedaron fuera de los canjes y ya suman 93 nuevas demandas en contra del país en Estados Unidos por más de US$ 629 millones, y US$ 180 millones en las cortes alemanas –según publica Urgente 24-.
«Se equivocó muchísimo. Tienen que negociar y pagarles», evaluó, con lo cual dejaría asimismo abierta una vía de investigación parlamentaria por parte de la comisión respectiva, ya que en ese proceso actuaron funcionarios en representación del gobierno que cerraron negociaciones y ya no están en sus cargos, con lo cual pretendieron poner un arbitrario punto final al default que ahora implosiona.
Maril recordó que la postura del Ejecutivo de no ofrecer más dinero se afirmaba en que, con la ley de pago a los fondos buitre, se «encubría una nueva ley cerrojo» que presuntamente impediría mejorar las ofertas a los que quedaron afuera, que comprenden el 2% de los bonistas.
Asimismo, el frente de CIADI, el tribunal de mediación del Banco Mundial, había quedado un poco relegado del reconocimiento en público hasta que explotó el caso de la demanda de Bulford por la estatización de YPF, por unos u$s3.330 millones, y quedó a las puertas de una apelación ante la Corte de NY, al igual que la causa iniciada por Eton Park Capital, en la que hay en danza u$s495 millones, y se agrega a otro u$s1 millón por un reclamo de Engage Aviation en la Florida.
Argentina tiene en el CIADI 4 casos con sentencia en contra emitida por los tribunales del Banco Mundial, por US$ 445 millones. Sobre otros 3 fallos por US$ 742 millones se solicitó la anulación, y hay US$ 1.600 millones de 5 demandas que aún están en litigio. Deben incluirse en el cálculo 5 juicios más por US$ 1.000 millones en instancias de negociación.
Las expropiaciones de Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas e incumplimientos contractuales en la aplicación de políticas tarifarias y energéticas constituyen otros casos perdidos de antemano en el tribunal de CIADI ante demandas efectuadas por Teinver, Suez, Hochtief y Mobil Exploration y siguen pendientes de resolución las presentadas por Metlife, Abertis, Casinos Austria y Salini Impregilo, según el informe al Congreso del jefe de Gabinete Marcos Peña.
