Una coalición de más sindicatos brasileños -la mayoría de la Red Sindical Brasileña UNI-Saúde, que representa a más de un millón de profesionales de salud- denunciaron al mandatario -recientemente recuperado de COVID-19- por su estrategia negacionista frente a la pandemia. El objetivo primoridial es obligarlo a cambiarla. No es un hecho que la denuncia vaya a derivar en la apertura de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional.
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha sido denunciado por genocidio ante la Corte Pena Internacional (también conocida como Tribunal de La Haya) debido a su política frente a la pandemia del coronavirus.
La denuncia fue realizada por una coalición de más de 60 sindicatos -la mayoría de la Red Sindical Brasileña UNI-Saúde, que representa a más de un millón de profesionales de salud- y el objetivo sería que el presidente modifique su enfoque de gestión de la crisis. Lo acusan de haber demostrado «menosprecio y negacionismo» ante el COVID-19 dando lugar a la «diseminación» de la enfermedad junto al «total estrangulamiento de los servicios de salud».
El mandatario, quien acaba de recuperarse de una infección de COVID-19, ha minimizado la enfermedad desde el principio, llamándola «una gripecita» y oponiéndose a las órdenes de confinamiento impuestas por los gobernadores de algunos estados. Por otro lado, ha promovido el uso de hidroxicloroquina como cura, tratamiento que no ha sido comprobado como efectivo por la ciencia.
El texto de 64 páginas, presentado el domingo, sostiene que Bolsonaro ignoró recomendaciones de sus exministros de Salud (quienes defendían algún tipo de aislamiento social) y violó protocolos para impedir el contagio.
En mayo, el mandatario nombró como ministro de Salud al general Eduardo Pazuello, quien no tiene formación en medicina, y designó también a 2 decenas de militares en los puestos principales de la cartera.
«El gobierno de Bolsonaro debería ser considerado culpable por su insensible actuación (ante la pandemia) y por rehusarse a proteger a los trabajadores de la salud y a la población brasileña», planteó Marcio Monzane, secretario de UNI Américas, según la agencia AnsaLatina.
«La omisión del gobierno caracteriza un crimen contra la humanidad y genocidio (…) es urgente la apertura de un procedimiento investigativo ante al TPI para evitar que una parte de los 210 millones (brasileños) sufra las consecuencias de los actos irresponsables del señor Presidente», alega la acusación.
«Bolsonaro ha llevado a cabo una estrategia genocida», señaló Célia Regina Costa, secretaria general del Sindicato de los Trabajadores Públicos de la Salud en el estado de Sao Paulo (Sindsaude SP), una de las entidades que integran la Red Sindical Brasileña UNI-Saúde.
El portal Público explica que el artículo 15 de la carta fundacional de la CPI, el Estatuto de Roma, permite que organizaciones, ONG e incluso personas individuales, envíen información documentando supuestos delitos -proceso que puede hacerse incluso por email-.
«Sabemos y somos conscientes que el tribunal tarda. Ya hay otras denuncias contra Bolsonaro y sabemos las limitaciones, pero es importante», dijo la portavoz, admitiendo la dificultad de que la denuncia derive en la apertura de una investigación por parte de la CPI.
Paralelamente a la denuncia ante La Haya, 152 obispos brasileños han firmado una carta asegurando que la administración de Bolsonaro es incapaz de manejar la «tormenta perfecta» creada por la crisis de salud sin precedentes, el colapso económico abrumador y las tensiones entre las instituciones del estado.
Brasil ha superado los 2 millones de casos de COVID-19 y las 85.000 muertes.
